En las elecciones municipales de este año en España se dio un bochornoso espectáculo de acuerdos entre partidos, muchos “antinatura” entre formaciones antagónicas, coaligándose con quién sea menester para alcanzar el poder.
En esta segunda parte del especial sobre la semana convulsa sufrida por Cataluña y en especial Barcelona, a propósito de las manifestaciones violentas desatadas tras conocerse la sentencia de prisión hacia varios ex-mandatarios independentistas, analizamos las claves desde el aspecto político. De este modo, nuestros lectores no españoles conocerán más a fondo el problema y entenderán el origen del mismo, pudiendo tanto ellos como los que sí les resulte conocido, pero no hayan ahondado en el mismo, establecer un criterio basado en mayor información. En un artículo posterior, hablaremos de las diferentes plataformas cívicas que están detrás de las movilizaciones. No vamos a entrar en el debate de por qué hay cientos de miles de catalanes que desean independizarse de España, pues también hay millones de personas en esa región que no lo quieren o sencillamente les importa bien poco seguir siendo españoles o no. Para éstos últimos, lo que les interesa es vivir en paz (en realidad a la inmensa mayoría, incluidos los independentistas, quiénes en su mayor parte son gente de paz), dejando de lado la nacionalidad que sientan.
La sociedad catalana está claramente dividida, con un amplio sector que apoya la secesión de España y otro aún más amplio que no está a favor. Lo que sucede es que también existe hastío en el electorado y por ello la abstención en las diferentes elecciones arroja resultados que no reflejan con exactitud el sentir popular, pues muchos votantes, hartos de tanta instrumentalización del poder, sencillamente no acuden a las urnas.
Unos y otros esgrimen la palabra "libertad" para legitimar su postura, dando lugar a que acabe quedando desvirtuado el concepto. Para los separatistas radicales, la libertad de autodeterminación es sagrada, pero no la consensúan con los muchos catalanes que no desean la independencia. Esos extremistas imponen su criterio en un discurso más propio de tendencias autoritarias. Para los partidarios de la unión con España más exacerbados, los independentistas son unos extremistas, no comprendiendo que tampoco esa es la vía pues reduce la posibilidad de diálogo entre ambas partes.
La campaña electoral
El Partido Socialista Obrero Español (PSOE), cuya filial catalana gobierna en más de cuarenta ayuntamientos con el apoyo de partidos independentistas, es también el que actualmente ejerce el Gobierno en funciones de España, hasta que se decida el definitivo en las elecciones próximas previstas para el diez de noviembre. No son pocos los críticos con esta formación ya que no entienden que por un lado reprochen a los partidos nacionalistas su cerrazón al diálogo (con lo que se evitaría en parte que los más radicales sigan provocando actos vandálicos) y por otro no duden en coaligarse con ellos, según los intereses políticos del momento. Por ejemplo, cuando el actual presidente en funciones, Pedro Sánchez, necesitó respaldo parlamentario para expulsar de la presidencia al anterior mandatario conservador, Mariano Rajoy, no dudó en pedirle ese apoyo a los partidos independentistas catalanes con representación en el Parlamento español.
Estamos en plena campaña electoral y no hay una clara tendencia. Con respecto a las elecciones infructuosas de abril pasado, vemos que las últimas encuestas (se han llevado a cabo cuatro para diferentes medios de comunicación), indican una clara victoria del PSOE, pero ligeramente por debajo de lo obtenido hace medio año.
La primera lectura es que la crisis catalana le pasa factura al Gobierno socialista, que fue el que convocó nuevas elecciones creyendo que mejorarían sus resultados ya que con respecto a la moción de censura de 2018, cuando desbancaron al Partido Popular (PP) del poder, solo tenían 85 escaños. En abril llegarían a 123, comprobando que el pueblo español les daba su respaldo aunque no mayoría parlamentaria, quedando muy alejados de la misma. Significa que la ciudadanía desea un pacto de Gobierno entre dos formaciones, al menos, para no dejar el poder solo en una que acabe haciendo lo que le venga en gana, como ha sucedido siempre en España, incumpliendo sus promesas electorales. Lo han hecho tanto el PSOE como el PP, los dos partidos que han gobernado alternativamente desde 1982. Los ciudadanos españoles han dicho basta al bipartidismo tradicional pero los partidos se resisten a entenderlo así, continúan queriendo gobernar en solitario, y debido a que no terminan de llegar a un acuerdo sólido, convocan de nuevo elecciones.
Decimos que es la crisis catalana la que pasa factura a los socialistas puesto que en un anterior sondeo, justo antes de la convulsa semana vivida por Barcelona, los socialistas aumentaban las expectativas de voto pudiendo conseguir un escaño más en el Parlamento; tras los altercados, lo que se prevé, de seguir la tendencia, es que pierdan al menos tres escaños.
La oposición política acusa al Ministerio del Interior de no haber apoyado a las Fuerzas de Seguridad frente a la violencia desatada en Barcelona. Se esgrime como razón principal que el Partido socialista no quería perder los ayuntamientos en Cataluña o un posible apoyo en el Parlamento nacional si lo necesitara en noviembre para formar Gobierno, en el caso de que fuera muy contundente su respuesta contra los manifestantes radicales independentistas.
En España, aparte de las dos grandes formaciones políticas (PSOE de izquierdas y PP por la derecha), han surgido en los últimos años partidos minoritarios pero con implantación en todo el territorio español que difieren en su enfoque del problema que se respira en Cataluña, sobre todo desde que se recrudeciera a partir de 2012. Analizaré a continuación, en el siguiente epígrafe, la evolución que han seguido los acontecimientos.
Evolución del actual proceso independentista catalán
El comienzo de la deriva hacia el radicalismo secesionista comenzó en 2012, aunque dos años antes, cuando la coalición Convergencia y Unión recupera el poder en Cataluña con un amplio respaldo electoral, ya se observaba que esa tendencia independentista era la apuesta por la que optaron desde entonces. Con ello, pretendieron aglutinar el voto de los separatistas que años atrás se había ido hacia Esquerra Republicana. Pero sucede algo inaudito que sin duda fue un error de cálculo del entonces presidente de la Generalitat catalana, Artus Mas.
El PP gobernaba con mayoría absoluta en España, luego no necesitaba apoyo ninguno de los nacionalistas catalanes, como sí se requirió en épocas pasadas. El Gobierno catalán intentó pactar un nuevo acuerdo fiscal con Madrid más ventajoso para Cataluña, lo que no aceptó el Gobierno central y es que en esta Comunidad Autónoma se aspiraba a tener un régimen tributario similar al de otras comunidades históricas españolas como País Vasco y Navarra, que cuentan con sus propias agencias de recaudación de impuestos. La Generalitat consideraba que Cataluña aportaba demasiado dinero de su riqueza propia a las arcas públicas españolas (en la recaudación de impuestos, cada Región española entrega un amplio porcentaje al Tesoro nacional, quedando el resto para mantenimiento de la Administración regional).
Con la negativa del PP, la Generalitat catalana, en plena crisis económica global, promueve una enorme manifestación popular con motivo de la Diada (Día Nacional de Cataluña), queriendo darle la imagen al Gobierno español de que el pueblo catalán estaba más unido que nunca en su pretensión de reivindicar su autodeterminación. Y sucede lo que nadie en ese momento entendió: el presidente catalán convoca nuevas elecciones cuando contaba con 62 diputados, siendo la mayoría absoluta en el Parlamento regional catalán de 68, creyendo que la manifestación de la Diada le daría esa mayoría. Los demás partidos en el Parlamento regional estaban muy divididos, con lo que incluso sin dicha mayoría, Artus Mas podía gobernar con relativa calma, pues no había riesgo de que se formara ninguna coalición en su contra aunque sí echar por tierra sus propuestas.
En las elecciones de 2012 Convergencia y Unión pierde 12 escaños en el Parlamento catalán. Creían poder recuperarse pero tres años después, en las elecciones municipales, el descalabro fue total en toda la Comunidad Autónoma. Así que en las elecciones regionales de 2015 deciden marchar juntos con otra formación naciendo Junts per Catalunya, con el objetivo de frenar el imparable ascenso de la otra gran apuesta independentista, Esquerra Republicana de Catalunya.
En el Parlamento español, en el que la fórmula Convergencia y Unión siempre había tenido una representación destacada (entre 1982 y el año 2000, oscilaba entre 12 y 18 escaños, de un total de 350), en cambio solo consiguen ocho diputados en 2015, ya que el electorado catalán repartió sus votos con Esquerra Republicana, que por primera vez en la democracia reciente española contaba con un diputado más en Madrid que la antigua Convergencia y Unión. Fue el momento en el que los dirigentes de esta coalición, que ya estaba rota de facto, se dieron cuenta de que las tornas habían cambiado definitivamente y de que podían perder la preponderancia en Cataluña. Se percatan de que las simpatías hacia la emancipación de España estaban creciendo y deciden radicalizar sus posturas, hasta ese momento relativamente moderadas, para conseguir recuperar el voto de los independentistas. Y comienza el conocido como "Proces" (proceso soberanista).
A las siglas PDCAT (Partido Demócrata Catalán), en el que había derivado Convergencia Democrática de Cataluña, ya separada definitivamente de sus antiguos socios de Unión Democrática, le añaden la "e" de europeo, pasando a denominarse PDeCAT. Dan a entender que se consideran una formación europeista pero no española, esperando conseguir visibilidad y apoyo en la Unión Europea, de cara a lo que se avecinaba y que ya estaban preparando: la proclamación de la República de Cataluña.
El pulso secesionista fue intensificándose, en especial a partir de 2015, cuando el Partido Popular sufre un revés electoral y si bien gana las elecciones generales, queda muy mermado y alejado de la mayoría absoluta en el Parlamento nacional. Aunque la representación catalana disminuyó en dos escaños, con respecto a los anteriores comicios de 2011, los impulsores del movimiento independentista consideran llegado el momento de la acción global por la emancipación de España, aprovechando la debilidad del Gobierno central.
El enfoque político de la crisis en Cataluña
La oposición política, sobre todo la conservadora, acusa al PSOE de haber dado lugar a la situación crítica actual, sacando réditos del desgaste que le supuso al PP aplicar el artículo 155 de la Constitución española en Cataluña, destituyendo al Gobierno regional catalán cuando finalmente dicha institución se decidió por dar el paso y organizar, de forma ilícita, el referéndum por la independencia. Se agrava la situación porque la inestabilidad política en España es un hecho, con cuatro elecciones generales desde 2015 (contando la que está prevista para el mes próximo), pues no termina de llegarse a ningún acuerdo de Gobierno.
Con la difícil semana de octubre vivida en Barcelona, algo nunca visto desde la reinstauración de la democracia en 1978, al menos no con tanta violencia continuada durante días y de tal calibre, los partidos minoritarios surgidos los últimos años, aprovechando el desgaste de los dos grandes partidos, ven como aumenta o disminuye su apoyo electoral según su actitud frente a los graves altercados. Saben que su enfoque de la cuestión es clave para entrar a formar parte de una futura coalición de Gobierno y sus líderes muestran mayor o menor contundencia en sus declaraciones, según la franja del electorado a la que aspiren aglutinar.
Para el partido “Ciudadanos” que surgió hace pocos años en Cataluña respaldando a los que en esa Comunidad se sienten españoles y quieren seguir estando unidos a España, como contraposición al independentismo, alcanzó su mejor resultado en las elecciones generales pasadas, convirtiéndose en la tercera fuerza parlamentaria a escala estatal. Piden para solucionar la crisis que se aplique el artículo 155 de la Constitución española en Cataluña, como ya hizo el Partido Popular en 2017. De hecho, Ciudadanos aspira a gobernar con el Partido Popular si consiguieran entre ambos suficiente respaldo electoral, pero los últimos sondeos, como veíamos en la gráfica de más arriba, no les dan más de 23 escaños de media, lo que le supondría una sangría de nada menos que 34 diputados que perderían en Madrid. Parece que a la población española no termina de convencerle su mensaje ni está por la labor de un nuevo 155 que ha demostrado ser ineficaz, pues la situación en Cataluña ha empeorado.
El artículo 155 de la Constitución española permite al Gobierno central intervenir el de una Comunidad Autónoma si no acomete sus funciones dentro de la legalidad constitucional, pero la Constitución también contempla otras posibilidades, como el artículo 116: de aplicarse supondría la declaración del estado de excepción, de alarma o sitio, dependiendo de cómo evolucione la gravedad. Es lo que pide el partido de ultraderecha Vox.
Según la Constitución española, es procedente la imposición del Estado de Excepción (mediante la ley que lo regula de 1981, el año que se produjo el Golpe de Estado fallido en Madrid), cuando “el libre ejercicio de los derechos y libertades de los ciudadanos, el normal funcionamiento de las instituciones democráticas, el de los servicios públicos esenciales para la comunidad, o cualquier otro aspecto del orden público, resulten tan gravemente alterados que el ejercicio de las potestades ordinarias fuera insuficiente para restablecerlo y mantenerlo”.
La aplicación de estas medidas extraordinarias deberá ser aprobada por el Congreso de los Diputados. El problema es que España se encuentra en una nueva campaña electoral y como suele decirse en estos casos: ¿Quién le pone el cascabel al gato sin que le pase factura en las elecciones?
En la arena política española hay dos apuestas extremistas de notable éxito en los últimos años: hacia el lado de la izquierda, la coalición “Unidas Podemos” y virando a la derecha el partido Vox. Las encuestas más recientes dan un incremento notable de los votos a los segundos, pasando de los 24 diputados actuales a 29 (de media según los sondeos) y un descenso de la extrema izquierda. Unidas Podemos pudiera pasar de los 42 escaños con los que cuenta actualmente en el Parlamento nacional a 34. Dicho Parlamento lo terminan de conformar, aparte de los anteriores, una miríada de partidos de todo tipo.
Los secesionistas, tanto catalanes como vascos (éstos últimos, de momento, se contentan con su Autonomía de Gobierno regional, probablemente expectantes a lo que suceda en Cataluña, pues políticos vascos separatistas se han dejado ver en las manifestaciones catalanas), son un total de 32 diputados; tan solo el 9% de los diputados nacionales. Si nos trasladamos al Parlamento regional catalán, ya que en España cada Comunidad Autónoma cuenta con su propio Parlamento (recordamos a nuestros lectores de España que también nos dirigimos a los no españoles que nos siguen), de los 135 diputados que lo conforman, 70 son independentistas, un 55%, frente al 45% de los que defienden la unidad con España.
Pareciera que el independentismo cuenta con mayor apoyo, a tenor del dato anterior, pero se da la circunstancia de que el partido más votado en las últimas elecciones fue Ciudadanos, que como ya se ha indicado está a favor de la unidad con España, solo que al quedarse muy alejado de la mayoría absoluta y carecer de respaldo de otras formaciones políticas para gobernar en coalición, no pudo acceder al Gobierno regional. Tengamos en cuenta que la abstención electoral en Cataluña es del 20,9%, lo que significa que la quinta parte de la población de esa Región no fue a votar en las últimas elecciones.
Se observa una notable subida de apoyo al Partido Popular, que sufrió en abril de 2019 la peor derrota electoral de su Historia, pasando de 137 diputados a tan solo 66; hablamos del primer partido político que se vio sentado como tal en un banquillo judicial acusado de casos de corrupción, si bien ha quedado absuelto y recuperada su imagen, como puede comprobarse en los últimos sondeos (pero las causas judiciales pendientes aún son numerosas). Su fuerza en Cataluña está muy mermada, con tan solo cuatro diputados en el Parlamento regional. Su estrategia para conseguir aún más respaldo popular, tanto en Cataluña como en el resto de España, es solicitar al Gobierno en funciones de España que aplique la Ley de Seguridad Nacional en Cataluña. ¿En qué consiste? Se trata de un precepto legal aprobado por el Parlamento Nacional en 2015 que prevé, básicamente, unificar los diferentes Cuerpos de Seguridad bajo un mando único, de forma temporal (mientras dure la crisis) para afrontar un grave problema de seguridad ciudadana que afecte al Estado, con el objetivo de «garantizar el suministro de recursos y servicios esenciales». Lo cierto es que se ha podido observar como incluso los bomberos catalanes no podían llegar con sus vehículos cisterna a las barricadas que ardían en las calles de las Ramblas de Barcelona, junto a edificios de viviendas, porque los manifestantes radicales se lo impedían.
Ahora mismo operan en Cataluña el Cuerpo de Policía de la Comunidad Autónoma, los Mossos d'Esquadra, que llevó en un primer momento el peso de las actuaciones antidisturbios, apoyados por la Policía Nacional (que pasarían a llevar la batuta a los pocos días) y en reserva la Guardia Civil, pues aún no se les ha visto desplegados, salvo en Gerona. En las ciudades, además, funcionan los Cuerpos Locales de Policía, como la Guardia Urbana de Barcelona.
Volviendo al artículo 116 de la Constitución española cuya aplicación propone el partido Vox, recordamos que esta formación también incluye la posibilidad de aplicar el Estado de Sitio, pero sería el peor escenario, ya que supone militarizar la región para garantizar que funcionen normalmente las instituciones y servicios públicos. España daría la imagen de Estado fallido, como está sucediendo en Guatemala donde el problema con el narcoterrorismo ha obligado a imponer esa medida excepcional en la parte nororiental del País. Un País como España, considerado uno de los más prestigiosos del Mundo, no merece dar esa imagen bochornosa. Para los observadores internacionales, España ofrece al Mundo una enorme oferta cultural, su industria turística es puntera y situada en los primeros puestos del ranking mundial. Esto pudiera parecer una banalidad pero la industria turística de un País es de suma importancia ya que recibe más visitas según la seguridad que garantice. Las universidades de España están entre las más solicitadas por los alumnos de otros Países y ello es porque sus padres confían en un País como el nuestro, pero si la seguridad falla, evidentemente les enviarán a otros Países, descendiendo el prestigio español, lo que se traduce igualmente en menos inversiones extranjeras.
Imágenes de una de las principales ciudades de España arrasada por la violencia callejera, no es lo que se espera de uno de los Países de mayor reputación internacional
No favorece tampoco a los independentistas catalanes, la mayoría personas de paz y dialogantes, pues deslegitima su movimiento y es por lo que el sábado, día 19, tras cinco jornadas extremadamente violentas, formaron un gran muro humano para cercar a los radicales exacerbados, dando ejemplo de civismo.
Se consiguió que el desafío soberanista de 2017 de los radicales catalanistas no afectara al prestigio internacional de España, pero si no se actúa de inmediato en esta ocasión, tal vez la situación cambie. Aplicar el Estado de Sitio no sería la solución; tampoco el de Alarma, que igualmente contempla el artículo 116 de la Constitución, como propone el partido de ultraderecha Vox.
El Estado de Alarma contempla, que "todas las autoridades civiles de la Administración Pública del territorio afectado por la declaración, los integrantes de los Cuerpos de Policía de las Comunidades Autónomas y de las Corporaciones Locales, y los demás funcionarios y trabajadores al servicio de las mismas, quedarán bajo las órdenes directas de la Autoridad competente en cuanto sea necesario para la protección de las personas, bienes y lugares, pudiendo imponerles servicios extraordinarios por su duración o su naturaleza".
Aplicar el artículo 116 es una medida muy arriesgada que ningún Gobierno en funciones, pendiente de unas urnas, se atreve a tomar ya que limitaría la circulación de personas y vehículos a partir de determinada hora de la noche, identificando la Policía a quiénes vieran por las calles pasada esa hora, lo que la ciudadanía interpretaría como una coacción a sus derechos de libertad de movimiento. En Estado de Alarma, los Cuerpos de Seguridad podrían entrar en un local o establecimiento donde crean que pudieran estar llevándose a cabo reuniones preparatorias de actos vandálicos, identificar a todos los que se hallen en el interior e incluso requisar bienes que consideren los agentes que son sospechosos o entrañen peligro y todo ello sin necesidad de orden judicial.
El líder de la coalición de extrema izquierda “Unidas Podemos”, con representación en todo el territorio español, incluyendo Cataluña, y cuarta fuerza parlamentaria en el Congreso de los Diputados, en número de escaños, que llegó a ofrecerse al Partido Socialista para gobernar con ellos y evitar así unas nuevas elecciones, a lo que se negó el presidente socialista, ofrece su propia solución al problema catalán: prohibir que los agentes de Policía lancen pelotas de goma a los manifestantes radicales. La pregunta entonces sería: ¿cómo piensan las señorías de Unidas Podemos que se puede frenar una avalancha de exaltados encapuchados y violentos que destrozan mobiliario urbano, con grave riesgo para la ciudadanía, y que arrojan incluso ácido a los agentes de Policía?
A todo esto, sepamos lo que dice el conseller (consejero) de Interior de la Generalitat de Cataluña: “La defensa de la libertad no necesita ningún lanzamiento de objetos contra fuerzas policiales. Como Consejero de Interior, pido que las legítimas muestras de lucha se hagan de una manera cívica y pacífica. No lo quiero yo y creo que tampoco lo quiere la mayoría de los catalanes, como lo han demostrado en las manifestaciones multitudinarias que el pueblo catalán ha llevado a cabo a lo largo de su historia”. Difícil papel para este hombre, Miquel Buch, miembro de la coalición de Gobierno que dirige la Generalitat catalana, en el punto de mira de sus detractores, también de su propio partido político.
Por un lado, Buch ha de acatar la disciplina de partido y por otro actuar como la principal autoridad regional responsable de garantizar la seguridad ciudadana, en medio de la lluvia de críticas de las formaciones independentistas que consideran que la Policía catalana, que depende del mando de Buch, se extralimita en su función de antidisturbios. Los más críticos son ERC (Esquerra Republicana de Catalunya) y JxCat (Junts per Catalunya -Juntos por Cataluña-), socios ambos del Gobierno catalán. Para colmo, los CDR, esos grupos radicalizados que animan a las movilizaciones y de los que la Guardia Civil que les investiga ya ha descubierto que tuvieron contactos con el presidente catalán Quim Torra, piden la dimisión del conseller de Interior por enviar a los mossos contra ellos. También ellos se creen legitimados para lo que denominan “autodefensa” en el momento en que se consideran atacados por los agentes de Policía. Desde su idílica visión de lo que está sucediendo en Cataluña, alegan que su virulenta respuesta se debe a que se vulnera su derecho a manifestarse.
La consellera de Justicia de Cataluña, Ester Capella, pide que se calmen las movilizaciones de los radicales puesto que les aleja de la razón por las que fueron convocadas las manifestaciones: la indignación por la sentencia del Tribunal Supremo español contra los políticos catalanes que en 2017 intentaron, de forma unilateral, constituir la República de Cataluña, separada del Estado español. Aunque el presidente Torra, finalmente, hizo una declaración en esa misma línea, no se observa una clara determinación por condenar de forma contundente dichos actos de terrorismo urbano. Esa contundencia debiera pasar por advertir, desde la Generalitat, que se tomarán las medidas legales pertinentes para poner en manos de la Justicia a los instigadores de esos actos violentos. El derecho de manifestación es sagrado pero no puede llevarse a cabo a cualquier precio sino dentro de una pautas de respeto mutuo. Ahora bien, ¿quiénes son los instigadores de la violencia que ha podido verse estos últimos días?
Por lo tanto, la situación se prevé complicada puesto que a la ciudad de Barcelona llegaron otros elementos radicales de grupos antisistema de diferentes Países europeos, pero también elementos fascistas que acabarían enfrentándose la noche del viernes, día 18, la peor de las cinco jornadas de violencia vividas en Cataluña. Las diferentes formaciones políticas usan lo sucedido en sus campañas electorales mientras el Gobierno regional catalán, lejos de apaciguar los ánimos, ya ha declarado, de boca de su presidente, que seguirán reivindicando la independencia. Y no es ilegítimo que lo hagan, ya que son las urnas las que decidirán si esa opción es viable o no, como corresponde a una democracia, pero dentro de un proceso legítimo, con todas las garantías legales, de respeto y consenso entra las dos partes implicadas, tanto la que desea independizarse como la que no. Lo que no se debe es imponer una de las dos vías posibles y usar medios públicos para ello, porque entonces no se está hablando de democracia precisamente.
Si deseas conocer más a fondo esta cuestión, no dejes de leer los otras dos partes del especial ARDE BARCELONA