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La peor semana de Barcelona

Actualizado: 16 jun 2020

Al movimiento independentista catalán se le ha ido la situación de las manos, o al menos es la impresión que ofrecen las imágenes de violencia desmedida desde el día 14 de octubre.

Manifestantes encapuchados detrás de barricada incendiada

En este reportaje especial en el que tres artículos de opinión valoran en profundidad el origen y evolución de la trágica semana que vive la capital catalana, en tres partes, los autores intentaremos mostrar las claves que han provocado la crisis, desde nuestro punto de vista. Dejamos claro que no es necesariamente la línea de opinión de RSW, por lo que la misma, por supuesto, deja abierto el cauce de los comentarios (que al final de cada artículo los lectores podrán hacer libremente), para que cada cual aporte su perspectiva, desde la libertad de expresión que debe siempre identificar a una democracia plena.


En ocasiones daremos explicaciones, tanto en este artículo como en los dos posteriores, que a los lectores de España y en especial de Cataluña pudieran parecerles innecesarias, pero tengan en cuenta que nuestra audiencia es también numerosa en Iberoamérica, por lo que explicaremos en profundidad el origen y evolución de la trágica semana que vive la capital catalana. De ese modo, dichos lectores tengan todos los datos con los que valorar por sí mismos la situación.



Introducción: el detonante y las consecuencias


Tras la publicación de la sentencia definitiva del Tribunal Supremo español sobre los instigadores del proceso soberanista catalán, que en 2017 llevaron a cabo un referéndum sin autorización de las Autoridades del Estado, se produjo en el entorno secesionista una gran indignación. El alto tribunal dictó condenas de prisión de entre 9 y 13 años, a nueve de los doce encausados, responsables del Gobierno regional catalán en 2017 (aquel año seis de ellos pagaron fianzas de entre 50.000 y 100.000 € para eludir la prisión provisional; al resto se les encarceló sin derecho a fianza).


De los recientemente juzgados, tres ex-consejeros no irán a prisión pero serán inhabilitados para ejercer cargo público en los próximos veinte meses junto a multas de 6.000 € mensuales durante diez meses. El delito por el que se las ha condenado es sedición y nada más conocerse la decisión judicial comenzó la semana más convulsiva que recuerda la Barcelona actual. En la ya madura democracia española (desde 1978) nunca se había vivido una situación tan peligrosa en ninguna ciudad del País, ni siquiera en los nefastos tiempos de la lucha contraterrorista en el País Vasco. Cierto que en las ciudades vascas se cometían atentados en los que morían personas a manos de la organización terrorista independentista ETA. Pero en aquellos años de plomo en las Provincias Vascongadas, la denominada "Kale Borroka" (en la lengua vasca, el euskera, significa "lucha callejera") quemaba contenedores y mobiliario urbano, pero en sucesos aislados y nunca de forma continua durante varios días seguidos, como ha sucedido en Barcelona. Sin embargo, Cataluña está viviendo la década más convulsa de su Historia reciente.


En Barcelona no se han producido ataques con resultado de muerte pero han sido tan graves los acontecimientos que las Fuerzas de Seguridad se han visto obligadas a realizar el mayor despliegue que se recuerda en España para enfrentarse a manifestantes radicales, como los miles que han invadido la ciudad, destrozando todo a su paso. Siendo justos, debe dejarse claro que la gran mayoría son pacíficos, pero salvo el sexto día de los altercados (sábado, 19), nadie impidió que los extremistas se ensañaran como lo hicieron.


Han cortado carreteras, incluyendo la importante autopista AP-7, que une el sureste de Francia con España, y las principales vías férreas. Además, no contentos con el sabotaje de las comunicaciones terrestres, numerosos extremistas han llevado a cabo gravísimos disturbios quemando contenedores, señales de tráfico y madera para crear improvisadas barricadas desde las que enfrentarse a la Policía.


La situación fue de verdadera guerrilla urbana: más de mil contenedores quemados, con un coste que superó los dos millones de euros y otro medio millón más en resto de mobiliario urbano literalmente destrozado. Calles cortadas por decenas de barricadas ardiendo, echando al fuego todo lo que encontraban cerca (sillas de terrazas, señales de tráfico, maderas, basura...). La mayoría de los extremistas, que se cuentan por miles, van encapuchados pero otros lo hacen a cara descubierta, arrojando incluso ácido a los agentes de Policía, como han constatado los Mossos d'Esquadra, el Cuerpo de Seguridad de Cataluña. Como armas arrojadizas lanzaban contra los agentes todo tipo de objetos: piedras de gran tamaño, tuercas que impulsaban con tirachinas e incluso cohetes pirotécnicos como el que a punto estuvo de derribar un helicóptero de los Mossos.


Debido a los incendios, algunos semáforos se han fundido y las llamas han llegado a vehículos estacionados en las calles, algunos de los cuales han explotado alcaznando el fuego columnas de hasta tres metros de altura, con la lógica preocupación de los vecinos que contemplaban la dantesca escena desde sus balcones. Sobre todo, les preocupa a los ciudadanos que debido a las barricadas, los servicios de emergencias no llegan a tiempo a las calles más castigadas para sofocar los fuegos y cuando lo hacían se les impedía llevar a cabo su labor, como pudo verse la noche del sábado. La Policía ha movilizado dos camiones con cisternas de agua antidisturbios (la Policía Nacional, a pesar de contar con el vehículo desde hace años, nunca lo ha usado, como los Mossos, siendo este año el primero que lo hace desde que lo adquirieron hace 25 años).



¿Quiénes están detrás de los actos violentos?

Encapuchado arrojando proyectil con tirachinas

Puede verse que la mayoría de los radicales son muy jóvenes, principalmente universitarios e incluso menores de edad que estudian el bachillerato. ¿Quiénes les animan a enfrentarse a los Cuerpos de Seguridad? Conlleva alto riesgo para su integridad física y la de los vecinos de las zonas residenciales afectadas y aún así se han oído testimonios de padres de algunos de ellos justificando su actitud.

Quim Torra, presidente del Gobierno catalán y principal sospechoso de instigar los lamentables sucesos que se están viviendo (la Audiencia Nacional española sigue investigando su posible vínculo con los CDR, impulsores del movimiento radical catalanista), ha sido requerido por el Gobierno central español para que condene de forma enérgica los actos de vandalismo, pero esa declaración tardó en llegar y de forma ambigua. Semejante actitud ha dado lugar a que el presidente del Gobierno español, que se encuentra en una cumbre de la Unión Europea en Bruselas, haya declinado hablar con él cuando Torra se lo ha pedido.


Preguntado por periodistas, el presidente catalán eludía la condena a la violencia

Cuando por fin llegó la declaración institucional de la Generalitat catalana, en un canal de televisión gestionado por el Gobierno de Cataluña, después de tres días de inusitada violencia, el presidente Torra no mencionó a los Mossos d'Esquadra, quiénes se están jugando su integridad física frente a los violentos. Un Cuerpo de Seguridad dividido puesto que en su seno hay grupos que han declarado su apoyo incondicional al proceso independentista, por lo que levanta sospechas sobre su efectividad para mantener el orden público. Pero los mossos han sufrido decenas de heridos en los enfrentamientos con los manifestantes radicales, al igual que la Policía Nacional española que reforzó, en un principio, el dispositivo de los agentes catalanes y la Guardia Urbana de Barcelona, para después pasar los agentes del Estado a llevar la batuta. Al colocarse en primera fila contra los manifestantes radicales, la Policía Nacional son el Cuerpo de Seguridad con más heridos. Entre todos los Cuerpos policiales que han intervenido, incluyendo la Guardia Civil, que finalmente actuó en Gerona, han resultado heridos 287 agentes.


Según datos de los Mossos d'Esquadra, se levantaron 661 barricadas. Días después se han continuado colocando en carreteras y vías férreas, provocando cortes con la lógica indignación de los transportistas, alguno de los cuales llegaría a enfrentarse a los radicales para retirar esas barreras incendiarias.


Muchas de las barricadas ardían junto a edificios de viviendas entrando el humo en las mismas por lo que algunos vecinos se veían obligados a salir a los portales para respirar, siendo alcanzados por las llamas numerosos vehículos. Incluso los propios vehículos policiales serían atacados: han resultado seriamente dañados 264 furgones.


El Partido Socialista Catalán, a través de su primer secretario, critica la entrevista concedida por Torra a televisión por no mencionar a los agentes de policía catalanes en ese momento; lo haría en otra ocasión posterior, en rueda de prensa y para dejar claro que investigarán si algún agente se ha extralimitado en sus funciones antidisturbios.


Muchos mossos nos decían que si sus jefes políticos, por un lado se les envía a contener a los radicales pero por otro se les amenaza con que se les abrirá expediente por si consideran que hayan cargado con dureza, debe entenderse la presión a la que están siendo sometidos, viviendo una situación muy complicada. Hay un serio riesgo de su vida al ser agredidos con todo tipo de armas improvisadas (cócteles molotov, ácido, piedras de gran tamaño, ladrillos, latas llenas de bebida -hirieron con una de ellas a un periodista- e incluso arrancan baldosas de las calles para usarlas como armas arrojadizas). Y pareciera que lo que más le preocupe al Gobierno catalán es si alguno de los manifestantes resulta herido.


Tanto en el Parlamento regional catalán como desde otras Comunidades Autónomas españolas se acusa directamente a Quim Torra de “incendiar Cataluña”

La oposición política en el Parlamento nacional español, en plena campaña electoral, acusa al presidente en funciones, Pedro Sánchez, de no estar a la altura de la situación. En concreto, el candidato a la presidencia por el Partido Popular ha declarado que Sánchez está superado por los acontecimientos y ha pedido que se aplique la Ley de Seguridad Nacional. Hablaremos de ello en la tercera parte de este dossier.


Los partidos políticos independentistas llaman a las manifestaciones que cortan carreteras, como en las que participa el propio presidente de la Generalitat, “Marxes per la llibertat” (Marchas por la libertad). Salieron desde distintas localidades catalanas, confluyendo todas en la capital el viernes, día 18 de octubre. Pero el mensaje que dicen transmitir las organizaciones convocantes, Òmnium Cultural y la ANC (Asamblea Nacional Catalana), de movimiento pacífico, se agria en el momento en que se resisten a condenar la violencia o lo hacen de modo ambiguo: se publican comunicados en redes sociales que animan a seguir movilizándose de forma enérgica mientras no se consiga la independencia del Estado español.


El Conseller de Interior de la Generalitat, el equivalente regional de ministro del Interior, declaró en comparecencia pública que los Mossos d'Esquadra cuentan con todo su apoyo, en el difícil momento que viven de contención de los graves altercados que sacuden a toda Cataluña. Dicha declaración la hizo el alto mandatario antes incluso que el presidente catalán se decidiera a intervenir, pues los agentes, sin duda, necesitaban oír palabras de ánimo de algún alto responsable del Gobierno de Cataluña, que hasta ese momento no se habían pronunciado, dando la impresión de hallarse sin respaldo institucional. En especial, indignó a la mayoría de los agentes el que se les criticara por su actuación en el aeropuerto de El Prat, en Barcelona, donde los radicales impidieron que los viajeros pudieran desplazarse al mismo o quiénes llegaran tomar un taxi.


Un hombre de 65 años de edad y enfermo cardíaco murió por un infarto al verse obligado a desplazarse a pie de una terminal a otra, distantes cuatro kilómetros. Se cancelaron muchos vuelos por precaución lo que provocó episodios de ansiedad al verse obligadas muchas personas a pernoctar en las instalaciones aeroportuarias no pudiendo siquiera ser atendidas, de inmediato, por los servicios de emergencias puesto que las calles estaban cortadas por los extremistas, situación que obligó a la Policía catalana a intervenir. Pero lejos de sentirse apoyados, la Consellería de Interior comunicó que abriría una investigación para determinar si algún agente había impedido el derecho de manifestación.


Por lo tanto, los agentes de policía catalanes nos dicen, al entrevistarnos con alguno de ellos, sentirse desamparados pues desean actuar como lo que son, profesionales de la seguridad y que no se politicen sus actuaciones. Pero es complicado cuando los responsables de la seguridad ciudadana en Cataluña les amenazan con abrirles expediente sancionador si consideran que no defienden a los manifestantes. Para colmo, existen disensiones entre compañeros pues no pocos de ellos apoyan abiertamente el secesionismo.