Al movimiento independentista catalán se le ha ido la situación de las manos, o al menos es la impresión que ofrecen las imágenes de violencia desmedida desde el día 14 de octubre.
En este reportaje especial en el que tres artículos de opinión valoran en profundidad el origen y evolución de la trágica semana que vive la capital catalana, en tres partes, los autores intentaremos mostrar las claves que han provocado la crisis, desde nuestro punto de vista. Dejamos claro que no es necesariamente la línea de opinión de RSW, por lo que la misma, por supuesto, deja abierto el cauce de los comentarios (que al final de cada artículo los lectores podrán hacer libremente), para que cada cual aporte su perspectiva, desde la libertad de expresión que debe siempre identificar a una democracia plena.
En ocasiones daremos explicaciones, tanto en este artículo como en los dos posteriores, que a los lectores de España y en especial de Cataluña pudieran parecerles innecesarias, pero tengan en cuenta que nuestra audiencia es también numerosa en Iberoamérica, por lo que explicaremos en profundidad el origen y evolución de la trágica semana que vive la capital catalana. De ese modo, dichos lectores tengan todos los datos con los que valorar por sí mismos la situación.
Introducción: el detonante y las consecuencias
Tras la publicación de la sentencia definitiva del Tribunal Supremo español sobre los instigadores del proceso soberanista catalán, que en 2017 llevaron a cabo un referéndum sin autorización de las Autoridades del Estado, se produjo en el entorno secesionista una gran indignación. El alto tribunal dictó condenas de prisión de entre 9 y 13 años, a nueve de los doce encausados, responsables del Gobierno regional catalán en 2017 (aquel año seis de ellos pagaron fianzas de entre 50.000 y 100.000 € para eludir la prisión provisional; al resto se les encarceló sin derecho a fianza).
De los recientemente juzgados, tres ex-consejeros no irán a prisión pero serán inhabilitados para ejercer cargo público en los próximos veinte meses junto a multas de 6.000 € mensuales durante diez meses. El delito por el que se las ha condenado es sedición y nada más conocerse la decisión judicial comenzó la semana más convulsiva que recuerda la Barcelona actual. En la ya madura democracia española (desde 1978) nunca se había vivido una situación tan peligrosa en ninguna ciudad del País, ni siquiera en los nefastos tiempos de la lucha contraterrorista en el País Vasco. Cierto que en las ciudades vascas se cometían atentados en los que morían personas a manos de la organización terrorista independentista ETA. Pero en aquellos años de plomo en las Provincias Vascongadas, la denominada "Kale Borroka" (en la lengua vasca, el euskera, significa "lucha callejera") quemaba contenedores y mobiliario urbano, pero en sucesos aislados y nunca de forma continua durante varios días seguidos, como ha sucedido en Barcelona. Sin embargo, Cataluña está viviendo la década más convulsa de su Historia reciente.
En Barcelona no se han producido ataques con resultado de muerte pero han sido tan graves los acontecimientos que las Fuerzas de Seguridad se han visto obligadas a realizar el mayor despliegue que se recuerda en España para enfrentarse a manifestantes radicales, como los miles que han invadido la ciudad, destrozando todo a su paso. Siendo justos, debe dejarse claro que la gran mayoría son pacíficos, pero salvo el sexto día de los altercados (sábado, 19), nadie impidió que los extremistas se ensañaran como lo hicieron.
Han cortado carreteras, incluyendo la importante autopista AP-7, que une el sureste de Francia con España, y las principales vías férreas. Además, no contentos con el sabotaje de las comunicaciones terrestres, numerosos extremistas han llevado a cabo gravísimos disturbios quemando contenedores, señales de tráfico y madera para crear improvisadas barricadas desde las que enfrentarse a la Policía.
La situación fue de verdadera guerrilla urbana: más de mil contenedores quemados, con un coste que superó los dos millones de euros y otro medio millón más en resto de mobiliario urbano literalmente destrozado. Calles cortadas por decenas de barricadas ardiendo, echando al fuego todo lo que encontraban cerca (sillas de terrazas, señales de tráfico, maderas, basura...). La mayoría de los extremistas, que se cuentan por miles, van encapuchados pero otros lo hacen a cara descubierta, arrojando incluso ácido a los agentes de Policía, como han constatado los Mossos d'Esquadra, el Cuerpo de Seguridad de Cataluña. Como armas arrojadizas lanzaban contra los agentes todo tipo de objetos: piedras de gran tamaño, tuercas que impulsaban con tirachinas e incluso cohetes pirotécnicos como el que a punto estuvo de derribar un helicóptero de los Mossos.
Debido a los incendios, algunos semáforos se han fundido y las llamas han llegado a vehículos estacionados en las calles, algunos de los cuales han explotado alcaznando el fuego columnas de hasta tres metros de altura, con la lógica preocupación de los vecinos que contemplaban la dantesca escena desde sus balcones. Sobre todo, les preocupa a los ciudadanos que debido a las barricadas, los servicios de emergencias no llegan a tiempo a las calles más castigadas para sofocar los fuegos y cuando lo hacían se les impedía llevar a cabo su labor, como pudo verse la noche del sábado. La Policía ha movilizado dos camiones con cisternas de agua antidisturbios (la Policía Nacional, a pesar de contar con el vehículo desde hace años, nunca lo ha usado, como los Mossos, siendo este año el primero que lo hace desde que lo adquirieron hace 25 años).
¿Quiénes están detrás de los actos violentos?
Puede verse que la mayoría de los radicales son muy jóvenes, principalmente universitarios e incluso menores de edad que estudian el bachillerato. ¿Quiénes les animan a enfrentarse a los Cuerpos de Seguridad? Conlleva alto riesgo para su integridad física y la de los vecinos de las zonas residenciales afectadas y aún así se han oído testimonios de padres de algunos de ellos justificando su actitud.
Quim Torra, presidente del Gobierno catalán y principal sospechoso de instigar los lamentables sucesos que se están viviendo (la Audiencia Nacional española sigue investigando su posible vínculo con los CDR, impulsores del movimiento radical catalanista), ha sido requerido por el Gobierno central español para que condene de forma enérgica los actos de vandalismo, pero esa declaración tardó en llegar y de forma ambigua. Semejante actitud ha dado lugar a que el presidente del Gobierno español, que se encuentra en una cumbre de la Unión Europea en Bruselas, haya declinado hablar con él cuando Torra se lo ha pedido.
Preguntado por periodistas, el presidente catalán eludía la condena a la violencia
Cuando por fin llegó la declaración institucional de la Generalitat catalana, en un canal de televisión gestionado por el Gobierno de Cataluña, después de tres días de inusitada violencia, el presidente Torra no mencionó a los Mossos d'Esquadra, quiénes se están jugando su integridad física frente a los violentos. Un Cuerpo de Seguridad dividido puesto que en su seno hay grupos que han declarado su apoyo incondicional al proceso independentista, por lo que levanta sospechas sobre su efectividad para mantener el orden público. Pero los mossos han sufrido decenas de heridos en los enfrentamientos con los manifestantes radicales, al igual que la Policía Nacional española que reforzó, en un principio, el dispositivo de los agentes catalanes y la Guardia Urbana de Barcelona, para después pasar los agentes del Estado a llevar la batuta. Al colocarse en primera fila contra los manifestantes radicales, la Policía Nacional son el Cuerpo de Seguridad con más heridos. Entre todos los Cuerpos policiales que han intervenido, incluyendo la Guardia Civil, que finalmente actuó en Gerona, han resultado heridos 287 agentes.
Según datos de los Mossos d'Esquadra, se levantaron 661 barricadas. Días después se han continuado colocando en carreteras y vías férreas, provocando cortes con la lógica indignación de los transportistas, alguno de los cuales llegaría a enfrentarse a los radicales para retirar esas barreras incendiarias.
Muchas de las barricadas ardían junto a edificios de viviendas entrando el humo en las mismas por lo que algunos vecinos se veían obligados a salir a los portales para respirar, siendo alcanzados por las llamas numerosos vehículos. Incluso los propios vehículos policiales serían atacados: han resultado seriamente dañados 264 furgones.
El Partido Socialista Catalán, a través de su primer secretario, critica la entrevista concedida por Torra a televisión por no mencionar a los agentes de policía catalanes en ese momento; lo haría en otra ocasión posterior, en rueda de prensa y para dejar claro que investigarán si algún agente se ha extralimitado en sus funciones antidisturbios.
Muchos mossos nos decían que si sus jefes políticos, por un lado se les envía a contener a los radicales pero por otro se les amenaza con que se les abrirá expediente por si consideran que hayan cargado con dureza, debe entenderse la presión a la que están siendo sometidos, viviendo una situación muy complicada. Hay un serio riesgo de su vida al ser agredidos con todo tipo de armas improvisadas (cócteles molotov, ácido, piedras de gran tamaño, ladrillos, latas llenas de bebida -hirieron con una de ellas a un periodista- e incluso arrancan baldosas de las calles para usarlas como armas arrojadizas). Y pareciera que lo que más le preocupe al Gobierno catalán es si alguno de los manifestantes resulta herido.
Tanto en el Parlamento regional catalán como desde otras Comunidades Autónomas españolas se acusa directamente a Quim Torra de “incendiar Cataluña”
La oposición política en el Parlamento nacional español, en plena campaña electoral, acusa al presidente en funciones, Pedro Sánchez, de no estar a la altura de la situación. En concreto, el candidato a la presidencia por el Partido Popular ha declarado que Sánchez está superado por los acontecimientos y ha pedido que se aplique la Ley de Seguridad Nacional. Hablaremos de ello en la tercera parte de este dossier.
Los partidos políticos independentistas llaman a las manifestaciones que cortan carreteras, como en las que participa el propio presidente de la Generalitat, “Marxes per la llibertat” (Marchas por la libertad). Salieron desde distintas localidades catalanas, confluyendo todas en la capital el viernes, día 18 de octubre. Pero el mensaje que dicen transmitir las organizaciones convocantes, Òmnium Cultural y la ANC (Asamblea Nacional Catalana), de movimiento pacífico, se agria en el momento en que se resisten a condenar la violencia o lo hacen de modo ambiguo: se publican comunicados en redes sociales que animan a seguir movilizándose de forma enérgica mientras no se consiga la independencia del Estado español.
El Conseller de Interior de la Generalitat, el equivalente regional de ministro del Interior, declaró en comparecencia pública que los Mossos d'Esquadra cuentan con todo su apoyo, en el difícil momento que viven de contención de los graves altercados que sacuden a toda Cataluña. Dicha declaración la hizo el alto mandatario antes incluso que el presidente catalán se decidiera a intervenir, pues los agentes, sin duda, necesitaban oír palabras de ánimo de algún alto responsable del Gobierno de Cataluña, que hasta ese momento no se habían pronunciado, dando la impresión de hallarse sin respaldo institucional. En especial, indignó a la mayoría de los agentes el que se les criticara por su actuación en el aeropuerto de El Prat, en Barcelona, donde los radicales impidieron que los viajeros pudieran desplazarse al mismo o quiénes llegaran tomar un taxi.
Un hombre de 65 años de edad y enfermo cardíaco murió por un infarto al verse obligado a desplazarse a pie de una terminal a otra, distantes cuatro kilómetros. Se cancelaron muchos vuelos por precaución lo que provocó episodios de ansiedad al verse obligadas muchas personas a pernoctar en las instalaciones aeroportuarias no pudiendo siquiera ser atendidas, de inmediato, por los servicios de emergencias puesto que las calles estaban cortadas por los extremistas, situación que obligó a la Policía catalana a intervenir. Pero lejos de sentirse apoyados, la Consellería de Interior comunicó que abriría una investigación para determinar si algún agente había impedido el derecho de manifestación.
Por lo tanto, los agentes de policía catalanes nos dicen, al entrevistarnos con alguno de ellos, sentirse desamparados pues desean actuar como lo que son, profesionales de la seguridad y que no se politicen sus actuaciones. Pero es complicado cuando los responsables de la seguridad ciudadana en Cataluña les amenazan con abrirles expediente sancionador si consideran que no defienden a los manifestantes. Para colmo, existen disensiones entre compañeros pues no pocos de ellos apoyan abiertamente el secesionismo.
Los más críticos apuntan a que, en realidad, la declaración del conseller de supuesto apoyo a los Mossos fue forzada ante el temor de que los radicales tomaran la Consellería de Interior, que habían rodeado previamente (miles de ellos iban encapuchados): convenía tener contentos a los agentes para que protegieran la Consellería. Pero los mossos lo hubieran hecho de todos modos, ya que han demostrado una gran profesionalidad, fuera de toda duda.
El presidente Torra no ha hecho mención de los CDR (siglas de los autodenominados “Comités de Defensa de la República”) que son los grupos que instigan las movilizaciones, prefiriendo decir que hay infiltrados violentos en las manifestaciones que nada tienen que ver con el movimiento soberanista. Por otro lado, el que fuera presidente del Gobierno catalán, Carles Puigdemont, huido de la justicia española y refugiado en Bruselas, declara desde esa ciudad que la independencia debe seguir adelante cueste lo que cueste.
Verdadero terrorismo urbano
La realidad es que los 17.000 agentes de los Mossos d'Esquadra no dan abasto por lo que la Policía Nacional continúa enviando efectivos a Cataluña desde otras Comunidades Autónomas españolas, como los dos grupos de la Unidad de Intervención que el día 16 de octubre salieron de Valencia. Son en total un centenar de agentes más que se sumaron para reforzar el dispositivo de seguridad, al que se ha unido la Guardia Civil. Debe tenerse en cuenta que además de Barcelona, en otras ciudades importantes catalanas, como Tarragona, se están produciendo también batallas campales, con cientos de manifestantes enfrentándose a la Policía.
En la medianoche del día 17 de octubre un joven manifestante, menor de edad, que se parapetaba tras un contenedor usado como barricada, fue golpeado por el mismo al chocar con un furgón de los Mossos d'Esquadra y conducido de inmediato a un Hospital, donde se encuentra estable, aunque con traumatismo craneoencefálico. En seguida, los grupos radicales lo usaron como excusa para recrudecer sus acciones violentas, alegando que les estaban masacrando, según sus propias palabras textuales.
Aún con todo lo acaecido, las Fuerzas de Seguridad continúan en permanente alerta ante la posibilidad de que las manifestaciones violentas continúen por tiempo indeterminado, ya que se han unido a los radicales independentistas catalanes otros procedentes de diversos Países europeos, miembros de grupos antisistema. De hecho, pudimos ver llorando a dueños de bares por el daño económico que les está suponiendo la semana tan complicada que vive Barcelona, porque es el sustento de sus familias y se han visto obligados a cerrar por una huelga de carácter político, no laboral, convocada el fin de semana posterior a los altercados, pero además con sus terrazas destrozadas por haber sido las sillas y mesas usadas para las barricadas.
La Policía Nacional cuenta con 3.000 agentes que se coordinan con los miles de policías catalanes desplegados. Por su parte, la Guardia Civil ha concentrado a sus grupos de reserva de seguridad (GRS) para reforzar el dispositivo, en torno a 700 agentes. Los acuartelamientos militares ubicados en Cataluña, que acogen a 2.500 soldados, están en alerta por si las Fuerzas de Seguridad se vieran desbordadas; se han organizado retenes ante la posibilidad de que sus instalaciones se vieran asaltadas por los radicales. La indignación de los policías vino cuando no solo se veían con medios limitados para contener las masas de radicales violentos, sino que el Ministerio del Interior no permitió que la Guardia Civil les apoyara, reservándola (según el ministro) para proteger edificios militares e infraestructuras públicas de posibles sabotajes.
Se ha constatado el uso de tirachinas con tuercas a modo de proyectiles, los cuales a la velocidad que alcanzan, si son lanzados contra los agentes a una distancia próxima, pudieran perfectamente causar un daño importante en la cara. Fue lo que le sucedió a un policía nacional que se encuentra hospitalizado en estado muy grave: uno de esos proyectiles impulsados por tirachinas le destrozó la protección facial del casco causándole traumatismo craneoencefálico, con serias complicaciones respiratorias.
Mientras tanto, se produce una paralela acción judicial: numerosos detenidos por delitos de atentado contra la Autoridad y desorden público que están en prisión provisional, sin derecho a fianza. Y es que la situación es verdaderamente preocupante, no pudiendo circular aquellos convulsos días por las calles de Barcelona ni siquiera en motocicleta, como le sucedió a un individuo que fue apeado de su moto y atacado por varios radicales.
En otras ciudades, fuera de Cataluña, se están dando también episodios de cortes de calles por manifestantes que apoyan las movilizaciones proindependentistas catalanas: en Granada, en torno a 200 personas cortaron la Gran Vía de Colón, concentrándose frente a la Subdelegación del Gobierno y enfrentándose a los viandantes que recriminaban su actitud (para nuestros lectores no españoles, el Gobierno español cuenta con una Delegación del mismo en cada Comunidad Autónoma y una Subdelegación en cada Provincia). Se suponía que iba a ser una concentración pacífica y acabó convirtiéndose en una manifestación no autorizada obligando a la Policía Nacional a intervenir para evitar males mayores.
En Madrid se produjeron tres detenciones por parte de la Policía Nacional por atentado contra agentes de la autoridad y desórdenes públicos. Los manifestantes, que superaban el millar, iban provistos de tablones, alguno de ellos con clavos, con los que intentaron herir a los policías. Posteriormente, el sábado, día 19, hubo una nueva manifestación de la que se desgajó un grupo radical, de más de cien personas, que intentaron cortar la Gran Vía, por lo que la Policía Nacional se vio igualmente obligada a intervenir, siendo atacados por los manifestantes. El saldo fue de trece heridos, tres de ellos agentes de Policía y un detenido.
Es evidente, a estas alturas, que las acciones violentas perpetradas por los radicales están organizadas y premeditadas, por lo que estamos ante verdadera actividad terrorista. Podían verse garrafas de gasolina en manos de individuos encapuchados con las que incendiaban los contenedores, con lo que iban preparados; no era algo improvisado, como tampoco lo fue que lanzaran varios cohetes de pirotecnia contra el helicóptero de la Policía catalana que sobrevolaba la zona.
La sede provincial del Ministerio de Hacienda y Función Pública, en la ciudad de Lérida, fue asaltada provocando daños en la entrada del edificio por un incendio, al igual que una tienda de la cadena ZARA.
¿Cómo está afectando a Cataluña el brote de violencia desmedida?
La situación es mucho peor que los altercados de 2017 cuando se intentó impedir que se dispusieran urnas por parte de las formaciones independentistas para votar la emancipación de Cataluña del Reino de España. Entonces, el Gobierno regional catalán permitió que se paralizara la actividad laboral para que quiénes lo desearan pudieran votar a favor o en contra en los improvisados centros para depositar dicho voto, que lo mismo eran colegios públicos que hospitales o incluso iglesias. La consulta era ilegítima, carecía de autorización por parte del Gobierno español y Parlamento nacional, en Madrid, ni seguía la pauta legal que un referéndum ha de respetar en cualquier País democrático. Sencillamente, el Parlamento catalán, con mayoría independentista, aprobó llevarlo a cabo, lo que provocó que se enviaran a las Fuerzas de Seguridad del Estado a impedirlo, dando lugar a escenas de verdadera violencia con grupos radicalizados. Fruto de aquellos hechos lamentables, se detuvo a los principales instigadores políticos, algunos de los cuales han estado desde entonces en prisión provisional, hasta que hace unos días se ha dictado la sentencia definitiva por sedición, con lo que abríamos el presente artículo.
Se les ha condenado por sedición y no por rebelión, como pedía la Fiscalía General del Estado español, porque se considera que, si bien hubo violencia, la organización no buscaba la independencia, ya que no que era un objetivo alcanzable ni realista, sino que la intención fue presionar al Estado español. Los organizadores creyeron, con aquellos actos vandálicos (algunos políticos se subían en vehículos policiales que habían quedado destrozados por ataques de los radicales y desde los mismos arengaban a la masa descontrolada), que desde Madrid se convencerían de la necesidad de organizar un verdadero referéndum, ante el clamor popular. Pero evidentemente no fue así. Tras conocerse la sentencia de varios años más de cárcel para los encausados, los CDR radicalizados han puesto en marcha el plan que tenían organizado en el caso de que no se dictara absolución: la movilización general que como pudo comprobarse derivó en verdadera guerrilla urbana.
Y ¿de qué modo está afectando esta crisis a la economía catalana? Ya hemos visto los problemas en el aeropuerto de El Prat, que recibe miles de vuelos semanales produciéndose la cancelación de varias decenas de ellos. Los Hoteles han visto anulada, prácticamente, su campaña de octubre en la que reciben a jubilados con las consiguientes pérdidas que les supondrá: de 45.000 plazas hoteleras reservadas destinadas solo en octubre-noviembre para pensionistas, las cuales debieran estar ya prácticamente todas reservadas, solo se han dispensado 13.000. El resto de las 85.000 plazas para la temporada otoño-invierno siguen sin reservarse todavía prefiriendo los jubilados marchar a otros litorales de España, como las Costas de Valencia, Murcia, Andalucía o los archipiélagos de Baleares y Canarias. Son Comunidades que ya de por sí reciben mucho turismo, una de las principales industrias del País. En temporada baja, se ve beneficiada de personas retiradas de sus trabajos que desean disfrutar de su pensión para lo que aprovechan los precios menores del otoño. Las empresas hoteleras y de restauración ven así una continuidad de su campaña de verano, incrementando sus beneficios anuales, pero este año no será Cataluña la que vea ese beneficio económico, sino otras regiones, al recibir el doble de clientela. No pocos cruceros prefieren amarrar en otras ciudades del Mediterráneo español, como Valencia, debido a la inseguridad actual de Barcelona.
La industria automovilística, cuyo impulsora es la fábrica de la multinacional SEAT (propiedad del grupo Volkswagen) en la ciudad de Martorell, paró su producción para garantizar la seguridad de sus empleados, lo que ha supuesto dejar de fabricar miles de vehículos. Los empresarios del sector del transporte calculan pérdidas de más de 25 millones de euros diarios al no poder circular por las carreteras cortadas, en especial la esencial autopista AP-7. Y así podemos seguir con el resto de sectores de la economía y la industria.
También se han cancelado tanto congresos -la Costa del Sol se ha ofrecido ya para organizarlos- como conciertos musicales e incluso el derbi clásico deportivo entre dos de los clubes de fútbol más importantes del Mundo: el Real Madrid y el F. C. Barcelona (estaba previsto para el 27 de octubre). Todo ello se ha anulado o aplazado, ante los graves disturbios en la capital catalana y el resto de la Comunidad Autónoma, por lógicos motivos de seguridad.
Si la tendencia general del electorado para el 10 de noviembre era una mayor abstención, los hechos preocupantes en Cataluña han motivado, según las últimas encuestas, que un 5% de los electores que habían declarado no ir a votar, han cambiado de opinión. Las razones que esgrimen la mayoría es que lo hacen para impedir que la situación vaya a peor, creyendo que si sale elegido un Gobierno central español con mayor respaldo ponga fin a los disturbios.
Si deseas conocer más a fondo esta cuestión, no dejes de leer: