La situación socio-económica ha mejorado considerablemente
El uno de octubre de 2017 se organizó una consulta popular en Cataluña por parte de partidos políticos independentistas. Fue el inicio del "Procés" como se denominó comúmmente, en lengua catalana, al proceso independentista fallido.
La respuesta de las autoridades de España fue la aplicación del artículo 155 de la Constitución por la que se intervenían los órganos de Gobierno de la Comunidad Autónoma.
A pesar de que Cataluña cuenta con un Cuerpo de Policía propio, las Fuerzas de Seguridad del Estado se desplegaron por toda la Región.
¿Como afectó el "Procés" a la economía catalana? ¿Y a la imagen de España? ¿Está la seguridad ciudadana comprometida en Cataluña?
Índice
La economía tras el Procés
El PIB de Cataluña crece al mismo nivel que el español: en torno al 5,5% con respecto a 2021 y un 2,1% más de lo que creció en 2018, un año después de las revueltas generalizadas que motivaron el proceso independentista.
La inversión en construcción, según el IDESCAT (Instituto de Estadística de Cataluña), aumenta un 4,8%.
Son señales del regreso a la normalidad y prueba de que una sociedad revuelta no beneficia a la economía.
En los meses posteriores al inicio del Procés, se notó que el crecimiento económico era mucho menor aparte de las empresas que decidieron llevarse su sede a otras regiones.
Aquellas manifestaciones violentas de 2017 no han afectado al turismo ya que en 2022 el consumo de las personas que visitaron Cataluña experimentó un formidable aumento del 162,8% con respecto al año anterior. Si bien es cierto que 2021 estuvo aún marcado por la pandemia.
La nota discordante ha sido la industria automovilística. Un efecto directo de la falta de previsión de la Generalitat catalana, más preocupada años atrás en el proceso de independencia que en la industria propia, lo tenemos en el cierre de las tres plantas que la compañía japonesa NISSAN mantenía en la Región.
Aún con el descalabro de NISSAN, en 2022 el comercio exterior catalán creció un 21,5% con respecto al año anterior (según el Ministerio de Industria, Comercio y Turismo).
Con respecto al desempleo, en 2018 (el año posterior al Procés), la cifra de parados subió 18.000 personas superando los 418.000 desempleados.
Después del Procés y de la pandemia, el SEPE (Servicio Público de Empleo Estatal) ha registrado un descenso muy notable del paro, pasando a ser de poco más de 348.000 personas. Hay 52.000 desempleados menos que en 2017.
Los que más preocupan son los de larga duración (más de un año parados) pero en Cataluña la cifra se ha reducido un 18,6% con respecto a 2021.
Es otro efecto positivo: si hay estabilidad sociopolítica, los inversores extranjeros apuestan por Cataluña, pero si hay violencia urbana se marchan a otros Países.
La tendencia es a la recuperación e incluso se está montando una nueva fábrica de elementos para baterías eléctricas, por parte de una empresa surcoreana. Además, el Gobierno central español ha librado casi 200 millones de euros, de los Fondos de Recuperación de la Unión Europea, para que sean invertidos en la fabricación de coches eléctricos en Cataluña (y otras regiones de España).
La Banca catalana continúa siendo la más puntera del País. En el plano digital, la app de Caixa Bank es una de las treinta más descargadas en España (de todas las categorías, no solo financieras). El portal Global Finance la considera la mejor aplicación de Banca Online de Europa Occidental.
Sin embargo, otro importante Banco catalán como es el Sabadell, cuya sede social se marchó de la Comunidad Autónoma debido al Procés, no se plantea regresar. Su presidente, Josep Oliu, declaró a los medios recientemente que sus clientes no quieren sobresaltos. Lógicamente, sus oficinas continúan en Cataluña pero no su sede, que trasladaron a la Comunidad Valenciana y allí continúa, en Alicante.
Con respecto a la imagen exterior de España, según el Global Soft Power, que elabora listados de todos los Países anualmente, España se encuentra en el puesto 12º de los países más atractivos del Mundo. El Reputation Institute colocaba a España en el puesto 13º en 2017, cuando se produjo el Procés. Por lo tanto, lo sucedido en Cataluña hace años no afecta a la imagen exterior del Estado español.
El independentismo radical tras el Procés
Todavía hoy resulta recomendable incrementar la presencia policial en las zonas frecuentadas por radicales independentistas.
Las memorias anuales de la Fiscalía General del Estado están registrando un descenso de las acciones violentas perpetradas por estos grupos extremistas en Cataluña. A pesar de este dato, la región sigue siendo donde más sabotajes o manifestaciones no autorizadas se llevan a cabo.
Ahora bien, no se han evidenciado después de 2019 nuevas movilizaciones organizadas por “Tsunami Democratic”, aquella plataforma que presuntamente difundía a través de servicios de mensajería instantánea convocatorias de manifestaciones ilegales.
Un grupo independentista radical denominado “l'Estaca” reivindicó varios sabotajes en 2021.
Pero, por lo general, las acciones han sido de escasa consideración: algún corte de vías públicas y poco más.
Claro que según la fuente de información las cifras bailan puesto que lo que unos califican de libertad de expresión, otros organismos no soberanistas lo llaman intolerancia.
Se han denunciado numerosos actos de acoso hacia los hispanoparlantes e incluso amenazas. El último informe del Observatorio Cívico de la Violencia Política en Cataluña, que se corresponde con 2021, comunicó que, de 351 incidentes denunciados, casi el 89% fue perpetrado por independentistas.
El observatorio mencionado considera que los órganos de Gobierno catalanes deslegitiman el poder judicial.
Uno de los objetivos de los radicales soberanistas son las entidades cívicas que abogan por una sociedad bilingüe.
Se ha denunciado en repetidas ocasiones que no se cumple la legalidad que obliga a impartir, al menos, el 25% de las clases en español.
Es una de las reivindicaciones de los partidos políticos no independentistas, cuyas sedes son atacadas decenas de veces cada año (sin heridos).
Se ha constatado también una ruptura del movimiento separatista, con enfrentamientos violentos entre grupos distintos, sobre todo a propósito de la entrada en prisión del rapero Pablo Hasél en febrero de 2021, condenado por la Audiencia Nacional por enaltecimiento del terrorismo e injurias a la Corona.
Su encarcelamiento provocó graves disturbios, prendiendo fuego a varias furgonetas de la Guardia Urbana de Barcelona. En uno de los vehículos se encontraba un agente que, afortunadamente, pudo salir antes de que ardiera vivo.