Buscar

Luces y sombras del 23-F

41 años después del golpe de Estado continúan las incógnitas

Fachada del Congreso de los Diputados

En plena crisis política generada por la publicación de una supuesta investigación del servicio secreto español a líderes independentistas, vuelve a la palestra la forma de trabajar de las agencias de Inteligencia en España.


Uno de los episodios más oscuros y que pasó desapercibido para los espías españoles (o eso se ha dicho siempre) es el relacionado con el golpe de Estado de 1981. Marcó la transición española entre la dictadura del general Franco y la democracia instaurada por el rey Juan Carlos.


El contexto en el que se desarrolló el golpe militar

En la España de 1981 el recuerdo de la dictadura de Franco seguía vigente. Un ejemplo era la bandera nacional que mantenía el escudo franquista. El ejército continuaba teniendo una gran influencia en la sociedad y la política; de hecho, el ministro de Defensa era un militar.


El Estado se encontraba en plena crisis económica, con una inflación que superaraba el 14%. El terrorismo campaba a sus anchas, con 277 víctimas mortales desde la muerte del dictador, seis años atrás. Los atentados eran continuos, con multitud de heridos. Existía un notorio clima de crispación en las Fuerzas de Seguridad y Cuerpos militares, principales objetivos de los terroristas.


El índice de criminalidad era muy elevado. En 1981 la población reclusa superaba los 21.000 presos; había que remontarse a la posguerra para recordar una cifra tan elevada pero entonces había muchos presos políticos. En cambio, en los primeros años 80 las cárceles las llenaban delincuentes de todo tipo.


La tasa anual en aquellos años (fuente: Anuarios Estadísticos de España), superaba los 57.000 hechos delictivos con una población que apenas llegaba a 37 millones de habitantes.


En la actualidad es mucho mayor el índice de actos delictivos pero nos hemos acostumbrado a esas cifras. Lo que lamentablemente hoy nos parece relativamente normal, en los primeros años 80 supuso un verdadero shock ya que la Sociedad española de entonces no estaba acostumbrada a esas estadísticas de criminalidad.


En aquellos años, el 80% de los atracos que se producían eran llevados a cabo por drogadictos adictos a la heroína; esta droga hizo verdaderos estragos en aquella época (se contaban por decenas de miles los heroinómanos, no solo en España, en toda Europa Occidental). La llamaban la “marea blanca” y era la época en las que las mafias italianas comenzaron a introducirse en España para lavar el dinero procedente del narcotráfico.


Para colmo de males, dirían seguramente los ministros de la Unión de Centro Democrático que gobernaba el País por aquel entonces, las Comunidades Autónomas con mayor índice de separatismo, País Vasco y Cataluña, no ayudaban.


Desde la perspectiva de los extremistas de los años 80, la caótica situación política, social y económica justificaba la reinstauración del autoritarismo.


Hoy en día, dificilmente se tendría esa visión de la situación, por pésima que fuera, porque la generación española actual no tiene apenas conciencia militarista: el servicio militar dejó de ser obligatorio en 2001.


La teoría de la Conspiración del 23-F

El rey Juan Carlos se dirige al Parlamento español en 1975
Juan Carlos I es proclamado rey (1975)

Las sospechas sobre el rey siempre han circulado en ciertos ambientes conspiranóicos.


En líneas generales daban a entender que el monarca pretendía que el pueblo español confiara en él puesto que su figura seguía estando muy cuestionada al comenzar la década de los 80. Y qué mejor modo que salvando a la Patria de un golpe de Estado, demostrando su compromiso con la democracia. Era el chascarrillo en los foros amigos de las conspiraciones y de las tertulias de bar.


Ya en los años 90, el aristócrata José Luis de Vilallonga escribió un libro sobre las memorias del rey emérito preguntándole sobre el 23-F. En la edición española se cortaron párrafos del texto original al considerar que no era prudente publicarlos en ese momento, como declaró en su día el editor Enrique Murillo a la prensa.


En cambio, en la edición francesa sí se incluiría el texto censurado en España. Las personas que el rey criticaba en la obra de Vilallonga, al leer ejemplares franceses, supieron lo que el rey pensaba de ellos.


Las cartas de protesta y repulsa dirigidas al Palacio de la Zarzuela no se hicieron esperar, como recogió la escritora y periodista Pilar Urbano en su libro “La gran desmemoria”.


También fue la edición francesa del ensayo de Vilallonga la que motivó que el secretario general del monarca, el teniente-general Sabino Fernández Campo, rompiera prácticamente su relación con don Juan Carlos, aparte otras indiscreciones del rey.

Franco y el rey presidiendo un desfile militar
Franco y el rey Juan Carlos en un desfile militar en 1969

Sin embargo, a pesar de la sospecha de corrupción que ha planeado sobre el monarca emérito últimamente, archivándose la causa judicial que se abrió al respecto hace pocos años, la imagen del rey sigue intacta con respecto a su posible implicación el 23-F; sencillamente, no hay pruebas que le señalen como cerebro de la trama.


Aquella tensa jornada del 23 de febrero de 1981 se votaba la aceptación de la Cámara de la propuesta del Gobierno de un nuevo presidente puesto que el anterior, Adolfo Suárez, había dimitido.


Cuando entran los guardias civiles en la sala disparando al techo, Suárez permanece aparentemente tranquilo, por lo que se llegó a decir que parecía que les estuviera esperando, dando a entender que algo sabía. Pero también otros parlamentarios mantuvieron la calma, como Santiago Carrillo, secretario general del Partido Comunista.


Más pareció que ambos políticos actuaron con sangre fría, dando ejemplo, cada uno desde su posición ideológica, mientras la mayoría se agachaban bajo sus asientos atemorizados.

También se alimentó la teoría conspiranóica afirmando que los implicados no se vieron afectados seriamente. El que más años estuvo en prisión (15 años) fue el teniente-coronel Tejero, que lideró la intentona golpista dentro del Congreso.


La condena inicial de Tejero fue de treinta años, como la de su compinche, el el teniente-general Jaime Milans del Bosch y Ussía (llegó a imponer el "Estado de Excepción" en la región militar de la que era capitán general). Tampoco éste último cumplió la condena íntegra pues solo estuvo en prisión diez años.


El general Alfonso Armada Comyn era el secretario general de la Casa del Rey (el recientemente fallecido actor Juan Diego le interpretó en la película 23F). Inicialmente le habían condenado a siete años. El Tribunal Supremo revisó la condena y la cambió por la máxima de treinta por el delito de rebelión militar. Solo estuvo siete años.

Otros acusados, de los que se demostró su implicación, fueron el coronel José Ignacio San Martín López, condenado a cuatros años de prisión y el capitán de navío Camilo Menéndez Vives, que estuvo un año en la cárcel. El capitán Carlos Lázaro Corthay pasó tres años entre rejas y Juan García Carrés, único civil condenado, estuvo dos años.


Lo de Tejero extrañó y mucho puesto que ya había intentado dos años antes un golpe de Estado que se abortó a tiempo y por el que pasó en prisión siete meses. Es por lo que se pidió explicaciones, en su momento, al servicio secreto, que entonces se denominaba CESID (Centro Superior de Información de la Defensa): ¿cómo es que descuidaron los movimientos de un golpista dando lugar a que lo intentara de nuevo?