Ha creado una gran alarma social y un claro desgaste del Gobierno que no sabe cómo reformarla
La famosa ley se denomina, de modo oficial, "Ley Orgánica de Garantía Integral de Libertad Sexual".
Se pretendía con su aprobación que no se pusiera en tela de juicio a la víctima de una agresión sexual, de ahí que se la conozca como del “solo sí es sí”, estableciendo que ha de dar su consentimiento expreso para que alguien puede mantener relaciones sexuales con ella.
La intención de la ley era buena, por supuesto, pretendiendo que casos como los de las tristemente famosas “manadas” no se repitan.
Un grupo de desalmados que violentan a una mujer que se halla sola (sin defensa posible) y usando el miedo como arma intimidan a la aterrorizada víctima que se convierte en una marioneta para esos indeseables.
El espíritu de la Ley del solo sí es sí ha quedado vulnerado
Castigar de forma más severa los abusos, entendiéndose actualmente como agresiones sexuales, es un adelanto. No solo humillan a la víctima, sino que le produce una herida psicológica horrible de la que le costará mucho recuperarse. Sabe que tarde o temprano su agresor/a saldrá de prisión, sin embargo, si lo hace antes de tiempo (por sorpresa) le soliviantará sobremanera.
Se han unificado tipologías delictivas agravando la condena pero también estableciendo un nuevo mínimo de años de prisión, origen del problema.
Para cada delito hay una horquilla de años de prisión según la gravedad. En el caso que nos ocupa, la pena mínima con la reforma de la ley resultó ser inferior que la contemplada para el delito que desaparecía del Código Penal, quedando integrado dentro de la nueva tipología. Consecuencia: los reos que fueron encarcelados por la ley anterior han pedido revisión de sus condenas produciéndose cientos de rebajas o incluso excarcelaciones.
En Derecho, si un reo cree que una nueva ley le beneficia porque anula su condena o la reduce debido a que cambia la tipificación delictiva, se puede acoger a esa reducción y es lo que está sucediendo con la ley del “solo sí es sí”.
Pongamos un ejemplo que es como mejor nos enteramos. En Galicia se ha excarcelado a un individuo que estaba en prisión por “delito intentado de agresión sexual con acceso carnal”.
Con la nueva ley, el delito anterior está penado entre dos y cuatro años, cuando con la anterior la horquilla oscilaba entre los tres y los seis; a él le condenaron por tres años y medio.
La defensa, al comprobar que por el mismo delito el mínimo contemplado es un año inferior ha solicitado se le aplique esa mejora, quedando en libertad condicional (por estar ya extinguidas tres cuartas partes de la condena y observar buena conducta).
Peor ha sido lo sucedido con el violador acusado de numerosas agresiones sexuales que fue puesto en libertad en Lérida a pesar de la advertencia de los servicios penitenciarios de que existía un alto riesgo de que reincidiera.
Se ha producido una treintena de excarcelaciones y más de 400 rebajas de condenas (cada semana son varias decenas más), con la lógica angustia de las víctimas que podemos imaginar.
Todos los condenados por delitos sexuales solicitan que se les revise su pena por si acaso son merecedores de alguna rebaja o incluso de excarcelación como está sucediendo con cientos de casos. Incluso hay quienes piden indemnizaciones al estar en prisión más del tiempo que estipula la ley actual. Es algo que la opinión pública debate con estupor.
La disyuntiva del Gobierno
Desde el ministerio de la Presidencia se afanan en mandar un borrador para reformar la ley cuanto antes, incluso sin que los ministerios de Justicia e Igualdad terminen de ponerse de acuerdo. Esto último sucede porque el Gobierno español es una coalición de partidos políticos que no pocas veces están en desacuerdo.
Se da la circunstancia de que el departamento de Justicia está en manos de los socialistas y el de Igualdad en las de sus socios de Gobierno, la formación "Unidas Podemos". El Ministerio de Igualdad fue una de las condiciones que pusieron los segundos para permitir que se formara un Gobierno estable.
La ministra de Igualdad, Irene Montero, probablemente creyó que pasaría a la Historia por poner en marcha la más avanzada ley de protección hacia las mujeres. Seguramente soñó con que en todo el Mundo se le pondría como referente en la lucha por los derechos civiles, en especial de las mujeres. Pero ese sueño se ha tornado en pesadilla.
El proyecto estrella del Ministerio de Igualdad fue precisamente la polémica ley del solo sí es sí. Ahora las críticas le llegan de todas partes, incluso de sus socios de Gobierno, que temen ser arrastrados al abismo electoral por culpa de la ministra de Igualdad.
Desde Unidas Podemos se culpa a los jueces de ser unos incompetentes o incluso unos fascistas que no saben aplicar la ley como es debido: "machistas con togas", se les ha llegado a calificar, que no aceptan una norma tan progresista. Como no ha calado ese fundamento culpan indirectamente al Ministerio de Justicia, provocando la mayor crisis entre los dos socios, con riesgo serio de ruptura del Gobierno.
Montero ha indicado que la ley fue revisada por el Ministerio de Justicia, que dirigía entonces Juan Carlos Campo - actualmente en el Tribunal Constitucional -, sobreentendiéndose que juristas expertos la respaldan.
La actual ministra de Justicia, Pilar Llop, es jueza especializada en violencia de género. Llop no era quién estaba al frente de su ministerio cuando se aprobó la Ley opinando que debe revisarse ya que las consecuencias han sido muy graves.
La ministra de Igualdad alega que cuando una ley echa a andar los primeros meses son de tropiezos hasta que coge seguridad. Pone como ejemplo la ley integral contra la violencia de género, aprobada en 2004 por los socialistas cuando gobernaba José Luis Rodríguez Zapatero, que también tuvo problemas al principio.
Solución para la ministra Montero: más dinero para formar a los jueces porque según ella son los que carecen de los conocimientos y especialidad para entender y saber aplicar la nueva ley. Se lo dice a quiénes llevan años juzgando casos relacionados con esta tipología delictiva pues los juicios por violencia de género se han incrementado un 15% en la última década. De hecho, el Tribunal Supremo también ha revisado la ley. Por lo tanto, no cuela lo de la falta de formación de los magistrados.
El ministro de la Presidencia y asesor jurídico desde hace años del presidente Pedro Sánchez, el abogado Félix Bolaños, es el que está mediando entre los ministerios de Justicia e Igualdad, debido al malestar causado en el primero. De este modo da la impresión de que es el propio presidente el que está poniendo orden. Hay prisa por las elecciones municipales y regionales que se avecinan. Serán el barómetro más fiable de por donde irán los derroteros de cara a las elecciones generales de diciembre.
En todas las Comunidades Autónomas en las que se elegirá nuevo Gobierno regional se están produciendo rebajas de condenas, incluso de pederastas. Sin duda, se va a usar como argumento contra el Partido Socialista y Unidas Podemos en todos los territorios en las próximas elecciones.
El Partido Popular, principal fuerza política de la oposición, aprovecha la ocasión para desgastar al Gobierno y ofrece sus escaños en el Parlamento para que se apruebe la reforma de la ley, regresando en la práctica a la que existía cuando los populares gobernaban. Con su apoyo, no sería necesario llegar a un acuerdo con “Unidas Podemos”, quedando definitivamente roto el Gobierno.
El Partido Socialista estudia el modo de aprobar una reforma de la ley lo antes posible, incluso regresando a las condenas que se contemplaban con anterioridad a su entrada en vigor. Por lo tanto, se volvería a condenar con entre uno y cinco años a quiénes usen la violencia, intimidación o anulación de la voluntad de sus víctimas en casos de agresión sexual, como se hacía antes. Entre seis y doce si hay penetración.
Es como si se recuperara el tipo delictivo de “abuso” (que había quedado absorbido por el de agresión), eso sí, no se tocará lo referente al consentimiento, condición imprescindible para que haya acuerdo entre los dos socios de Gobierno.
El autor es perito judicial en violencia de género e intrafamiliar
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