Los detenidos declararon contar con el apoyo del presidente catalán.
Ante la Audiencia Nacional española, un miembro de los CDR declaró que algunos camaradas le aseguraron que Quim Torra cuenta con ellos para conseguir la independencia del Estado español
Algunos de los detenidos, vinculados a los CDR (Comités de Defensa de la República), declararon ante el juez, según se han hecho eco los medios de comunicación, que se había creado un ERT (Equipo de Respuesta Táctica), para llevar a cabo la toma del Parlamento catalán además del sabotaje de las principales carreteras de la Comunidad Autónoma, vías férreas y repetidores de telecomunicaciones; para ello esperarían a la sentencia del Tribunal Supremo sobre el proceso independentista de Cataluña puesto en marcha por los políticos que permanecen en prisión por promover tal causa.
A pesar de las pruebas recabadas por la Guardia Civil, tanto la Generalitat de Cataluña como las formaciones políticas soberanistas en el Parlamento catalán ya han declarado que los detenidos cuentan con todo su apoyo. Incluso califican la operación “Judas” (como se ha denominado al dispositivo policial) como un montaje urdido por los partidos políticos que apuestan por mantener unida Cataluña a España. Por su parte, el Ministerio del Interior defiende la profesionalidad de la Guardia Civil, calificando de preocupante la situación que se vive actualmente en Cataluña. El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, magistrado de la Audiencia Nacional en excedencia mientras ocupa el cargo de ministro y sensibilizado con el terrorismo, como indica en su libro Ni pena ni miedo: Un juez, una vida y la lucha por ser quienes somos, ha reprobado la actitud del presidente de la Generalitat catalana. El ministro ha declarado no entender como un representante político actúa del modo que lo hace Quim Torra, no respaldando una operación policial contra una célula terrorista, llevada a cabo con todas las garantías judiciales y de respeto a los derechos civiles. Además, critica la resolución adoptada por el Parlamento catalán y respaldada por Torra que solicita la marcha de los efectivos de la Guardia Civil de Cataluña. Pero a pesar del ambiente que se respira en el Parlamento catalán, el ministro Marlaska dice que la situación no puede ni debe compararse a la vivida años atrás en el País Vasco y que él conoció de primera mano, pues entonces sí se experimentó un peligro continuo de terrorismo durante décadas, lo que de momento no se vive en Cataluña.
Ahora bien, los sindicatos policiales no ven con buenos ojos que el Ministerio del Interior condecore a determinados Mossos d'Esquadra, el Cuerpo de Policía de Cataluña, que no ayudaron precisamente en impedir el referéndum ilícito de octubre de 2017 ni en investigar el entorno radical de los independentistas. Por esto último continúa existiendo gran desconfianza de la Guardia Civil y la Policía Nacional hacia la Policía catalana, ya que si bien son conscientes de que en su seno hay agentes que están a favor de la unidad de España y de llevar a cabo su labor policial con el máximo rigor, dejando de lado sus ideas políticas, también los hay que se posicionan claramente en el lado de los soberanistas.
ERT: Equipos de Respuesta Táctica
Uno de los acusados de terrorismo ha declarado ante la Audiencia Nacional en Madrid que el plan era anunciar la independencia desde el Parlamento catalán una vez lo tomaran haciéndose fuertes en el mismo, recurriendo a la violencia para ello si fuera menester, señalando como posibles objetivos de ataques a las Fuerzas Armadas y los Cuerpos de Seguridad, incluidos los Mossos d'Esquadra. Como se ha podido comprobar, para los radicales separatistas, los agentes de Policía, sean catalanes o Fuerzas de Seguridad estatales, son todos sus enemigos. La gran mayoría de los Mossos lo saben y por ello no dudan en cargar contra estos extremistas en las manifestaciones en el caso de que no hayan sido autorizadas o les acompañen elementos radicales.
Pero cuando se comprueba que varios de los componentes de los ERTs violentos son militantes de los partidos políticos que ejercen el poder institucional en Cataluña, del que depende la Policía de la Comunidad Autónoma, y que cuentan además con el respaldo de dichos partidos, como han dejado claro en sus declaraciones públicas, se entiende que exista desconfianza por parte de los Cuerpos de Seguridad del Estado. Y es que entre los detenidos que conformaban el equipo de respuesta táctica, como los propios radicales denominan a la presunta célula terrorista desarticulada por la Guardia Civil, hay un militante de la formación Esquerra Republicana de Catalunya (ERC) que cuenta con 32 diputados en el Parlamento catalán, 14 en el Congreso de Diputados de España, once senadores y dos eurodiputados; se trata de un funcionario de la administración catalana como agente rural y a quién se le ha visto en alguna ocasión con Oriol Junqueras, presidente de ERC, -en prisión preventiva por delitos de sedición, malversación y rebelión-. Otro de los acusados es militante de la CUP (Candidatura de Unidad Popular), con cuatro diputados en el Parlamento catalán. Ninguna de estos partidos ha condenado la campaña terrorista que el ERT pretendía poner en marcha, todo lo contrario, les brindan su apoyo considerándoles ciudadanos comprometidos con una causa justa: la independencia de Cataluña.
En el Parlamento catalán, a las acusaciones de las formaciones independentistas ERC y CUP se han adherido los diputados de la coalición Junts per Catalunya, que cuenta con 34 diputados además de siete escaños en el Parlamento Nacional español, cuatro senadores y dos eurodiputados. En total, 80 de los 135 diputados del Parlamento catalán consideran la operación de la Guardia Civil un atropello contra los derechos civiles. Desoyen las evidencias encontradas en los registros domiciliarios, entre otras los planos de un cuartel de la Guardia Civil por lo que los acuartelamientos de la Benemérita en Cataluña han sido puestos en alerta por si se prevé por ERTs atacar alguno de ellos (no se olvide que los cuarteles de la Guardia Civil acogen no solo oficinas, también viviendas de los agentes y sus familias). Al parecer, los radicales separatistas pretenden revivir el infierno de los peores años de la organización terrorista ETA que en la localidad catalana de Vic asesinó a diez personas (cinco menores entre ellos) e hirió a otras 44 de gravedad, en el atentado cometido contra un cuartel de la Guardia Civil, en 1991.
Miembros de las formaciones ERC, JxCAT, CUP y Euskal Herria Bildu se personaron en las puertas de la Audiencia Nacional denunciando la actuación policial como un montaje político; Bildu apoya activamente el proceso soberanista catalán aportando su experiencia como coalición independentista vasca y su respaldo parlamentario en Madrid, donde mantiene cuatro diputados. De los nueve extremistas inicialmente detenidos, dos fueron puestos en libertad, pero como siguen estando investigados tendrán que personarse ante la Audiencia Nacional cuando sean requeridos. El resto fueron conducidos a la prisión de Soto del Real, en la Comunidad de Madrid, donde se ha separado a los cinco que siguen una estrategia de defensa en común, negando las acusaciones, de los dos que sí han admitido manipular sustancias explosivas.
Uno de los detenidos, de 45 años de edad, gritó "Visca Catalunya lliure" (Viva Cataluña libre) cuando era detenido por la Guardia Civil de madrugada, en su domicilio, donde los agentes hallaron precursores que pudieran ser usados para la fabricación de explosivos. Se trata de un individuo con formación en ingeniería y hace tres meses se produjo un incendio en su residencia, pero el detenido declaró que se debió a un cigarrillo mal apagado. Sin embargo, ahora ha reconocido la obtención y manipulación de sustancias susceptibles de ser usadas con fines explosivos, pidiendo un abogado de oficio pues rechaza el que les paga el sector independentista radical, aunque también ha solicitado un “habeas corpus” al considerar ilegal su detención.
Otro de los detenidos, según ha trascendido a los medios de la investigación, es un aficionado al aeromodelismo de 41 años de edad. En su domicilio se halló termita, un material usado para soldar y unir metales (el detenido es fontanero de profesión, desempleado actualmente). La termita también tiene usos pirotécnicos y militares.
La situación se prevé convulsa
Las autoridades prevén un conflictivo segundo aniversario del referéndum ilegal que se realizó el uno de octubre de 2017 por lo que se ha reforzado el despliegue de los Cuerpos de Seguridad españoles en Cataluña con el envío de unidades especializadas en antidisturbios. El Ministerio del Interior dice contar con el respaldo de la Policía catalana ya que como parte integrante del CITCO (Centro de Inteligencia contra el Terrorismo y el Crimen Organizado) está obligada a cooperar en el mantenimiento del orden público ante posibles ataques terroristas.
Las principales autoridades políticas catalanas no ayudan en mantener el ambiente tranquilo puesto que a las declaraciones del presidente de la Generalitat se unen las del presidente del Parlamento regional que dice que la actuación de la Audiencia Nacional, cuanto menos, levanta dudas. Pero a uno de los presuntos terroristas detenidos se les han incautado manuales de elaboración de explosivos caseros y de fabricación de Goma 2. También se halló en los registros ácido sulfúrico, parafina, aluminio en polvo, decapante industrial y gasolina, junto a nitrato de amonio. Fue intervenida junto a lo anterior un arma de fogueo.
La investigación ha durado quince meses, analizándose todo el material incautado por si se hallaran vínculos con otras personas
En el Palacio de la Generalitat, sede del Gobierno catalán, se desplegó una pancarta en apoyo de los presos y de los fugados de la Justicia española por el proceso soberanista; sería retirada por agentes de la Policía catalana, por requerimiento del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC), lo que sirvió de poco puesto que un grupo de ex-diputados colgaron una nueva pancarta, pero rebajando el tono para evitar consecuencias legales, a favor de la libertad de opinión y expresión. La colocación de la segunda pancarta fue felicitada en redes sociales por el presidente catalán.
El Partido Popular ha pedido a la formación socialista que gobierna España que rompa los pactos que mantiene en cuarenta ayuntamientos catalanes con partidos independentistas además de en la Diputación de la Provincia de Barcelona. El partido de centro-derecha dice no entender que se mantengan esos acuerdos con formaciones que abogan por la desobediencia civil e institucional. De hecho, el TSJC ha fijado para noviembre el juicio a seis miembros de la Mesa del Parlamento catalán que tramitaron las leyes aprobadas en su momento por dicha Cámara para que se pusieran en marcha el proceso soberanista de Cataluña.
Por su parte, la formación política “Ciudadanos”, ante el temor de millones de catalanes que se sienten españoles según declaración de dicho partido, cree llegado el momento de aplicar de nuevo el famoso artículo 155 de la Constitución española que dice lo siguiente:
Si una Comunidad Autónoma no cumpliere las obligaciones que la Constitución u otras leyes le impongan, o actuare de forma que atente gravemente al interés general de España, el Gobierno, previo requerimiento al presidente de la Comunidad Autónoma y, en el caso de no ser atendido, con la aprobación por mayoría absoluta del Senado, podrá adoptar las medidas necesarias para obligar a aquélla al cumplimiento forzoso de dichas obligaciones o para la protección del mencionado interés general.
Para la ejecución de las medidas previstas en el apartado anterior, el Gobierno podrá dar instrucciones a todas las autoridades de las Comunidades Autónomas.
El Partido Socialista rechaza aplicar dicho artículo, pero sí ha anunciado que acudirá al Tribunal Constitucional para buscar una solución no tan drástica al problema suscitado con las instituciones catalanas. Si bien, en el caso de que se vean obligados por las circunstancias, si éstas empeoraran, ya han anunciado varios ministros que el Gobierno no dudará en aplicar el polémico artículo. Y la situación es complicada, qué duda cabe, como se comprobó el viernes, día 27, cuando un grupo de personas que decían pertenecer a la plataforma "Tsunami Democràtic" ocuparon una oficina de la compañía eléctrica Iberdrola, en la ciudad de Barcelona. Denunciaban que la compañía financió la campaña del anterior Gobierno español, del Partido Popular, contra el referéndum ilícito por la independencia, en 2017. Los participantes en la toma de la sucursal contactaron a través de redes sociales tanto para esta acción como para la incursión en varias oficinas de Caixa Bank, días anteriores, sin que fueran identificados por los agentes de la Policía catalana que acudieron. En cambio, sí pidieron su acreditación a varios periodistas.
Elisenda Paluzie, presidenta de la Asamblea Nacional Catalana (ANC), declaró a los medios, en la concentración organizada en Sabadell, con unos 3.000 asistentes en apoyo de los recientes detenidos por terrorismo, que el Estado español está construyendo una imagen de violencia en Cataluña que no es real. Considera que los detenidos son presos políticos, los cuales se unen a los que ya hay en centros penitenciarios españoles por defender su derecho a reclamar la independencia de su País. La ANC envía miembros de su plataforma a otros Países a impartir conferencias mostrando a España como un Estado dictatorial que castiga los movimientos separatistas, pero de momento no han tenido apenas éxito en ningún lugar al que han marchado pues a sus ponencias acuden muy pocas personas. Sin embargo, su convocatoria en Barcelona, hace tres semanas, en apoyo de los que considera presos políticos, sí reunió a 600.000 personas, según cálculos de las autoridades.
Los CDR se preparan para próximas concentraciones y manifestaciones pues prevén una dura respuesta de la Policía catalana, que como adelantaba anteriormente ha sido señalada también como objetivo de los ERTs. Los radicales se preparan ante la posibilidad de que los antidisturbios de los Mossos usen gases para ahuyentarles, por lo que critican que por un lado el Gobierno catalán les anime a rebelarse y por otro envía a sus policías a contrarrestar sus acciones. El lunes, día 23, los Mossos protegieron las comisarías de la Policía Nacional en las ciudades en las que se organizaron manifestaciones de protesta por las detenciones, con lo que demuestran que cuentan con excelentes profesionales que tienen claras sus obligaciones. Han sido los políticos independentistas los que han creado sospechas en torno a esta magnífica institución policial y auspiciado divisiones en su seno. De hecho, la familia del presidente catalán milita en los CDR, como él mismo declaró en 2018, cuando animó a los extremistas con la frase: “Apretáis y hacéis bien en apretar”.
¿Herederos de Terra Llure?
Lo que los investigadores policiales temen es que antiguos miembros de la extinta organización terrorista Terra Llure asesoren o estén detrás de la creación de los equipos de respuesta táctica de los CDR. Según ha trascendido de la reciente operación hubo un contacto, en septiembre de 2018, con uno de los fundadores de Terra Llure, vinculado actualmente a los CDR y que recientemente se reunió con Puigdemont, ex-presidente de la Generalitat catalana y fugado de la Justicia española.
Los miembros de Terra Llure fueron adiestrados por la organización terrorista ETA en los años 70. Parece que no les quedó claro como actuar pues sus ataques eran tan chapuceros que cayeron dos de sus componentes manipulando explosivos o en tiroteos con agentes de Policía, quedando otro malherido, lo que hizo que la mayoría de miembros del grupo desistieran de seguir atentando, ya que no se les daba bien. Alguno fue a parar a la cárcel donde se unían a los presos etarras en sus reivindicaciones. Varios de ellos, después de su etapa en prisión, se dedicaron a la política y actualmente, de aquellos terroristas o simpatizantes actuales, hay quienes animan a los sectores más radicales a luchar por la independencia de Cataluña desde redes sociales, en las que se mantienen muy activos.
A los CDR detenidos se les incautaron los teléfonos móviles, por supuesto, pudiendo comprobar los investigadores como guardaban fotografías del paso de patrullas policiales, principalmente de los Mossos, así como fachadas de comisarías, según ha trascendido a la prensa. Los que reconocieron que habían adquirido sustancias químicas también admitieron que hicieron pruebas explosivas en una cantera abandonada.