¿Qué ha sido de los CDR en Cataluña?
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Hoy casi nadie admite que existieran pero en 2019 decían contar con apoyo del Gobierno catalán
Se acusó a los detenidos de los CDR (Comités de Defensa de la República) de terrorismo creando comandos a los que llamaban ERTs (Equipos de Respuesta Táctica). La investigación policial concluyó que tenían pensado tomar el Parlamento de Cataluá además del sabotaje de las principales carreteras de la Comunidad Autónoma, vías férreas y repetidores de telecomunicaciones.
La idea, por lo visto, era esperar a la sentencia del Tribunal Supremo sobre el proceso independentista de Cataluña puesto en marcha por los políticos que promovieron tal causa.
Aquel movimiento fracasó tan estrepitosamente que incluso Cataluña está siendo gobernada por el mismo partido político que gobierna España.
¿Qué ha sido de aquellos grupos violentos independentistas?
Índice
El movimiento independentista pierde apoyo
Quim Torra, quién presidía la Comunidad Autónoma de Cataluña cuando se produjeron los graves altercados detrás del intento separatista, por lo que fue inhabilitado durante año y medio, lejos de olvidarse de aquello sigue alentándolo.
Torra cree en el concepto de "Países Catalanes" incluyendo a otras regiones de España como Valencia. Lo demostró apoyando en sus redes sociales al autor de un libro que propone esa idea.
Son muy pocos los valencianos que respaldan la independencia de España, muchos menos que los catalanes separatistas que también han descendido en número.
Las encuestas más recientes denotan que los jóvenes catalanes ya no piensan tanto en la independencia porque la consideran algo inviable o simplemente como un asunto menos prioritario. Les preocupa más lo difícil que resulta acceder a una vivienda ya que tanto los alquileres como la adquisición están por las nubes.
Por otro lado, el desempleo preocupa mucho. Los jóvenes en Cataluña saben que la Administración española no es la única culpable de que en su Región sea complicado hallar un trabajo con un salario digno para personas de su edad donde no echen más horas que un reloj.
Es el Gobierno de la Comunidad Autónoma el que tiene competencias asumidas en cuestiones como el Medio Ambiente o las desigualdades sociales con lo que saben que no todo es culpa de España. Por lo tanto, el independentismo pierde fuelle.
Aquel Consell de la República con el que se pretendía sustituir al Gobierno Regional si se conseguía la independencia de España se ha quedado en agua de borrajas. En el País Vasco sucede algo similar, rechazando la mayoría de jóvenes el separatismo porque no quieren conflictos sino soluciones a los probemas reales.
La juventud tanto catalana como vasca no ve la independencia como algo tan necesario como la reducción del desempleo, el abaratamiento de los alquileres o la protección del Medio Ambiente. Prefieren que se lleven a cabo políticas que disminuyan la desigualdad social a las que busquen separarse del Estado español.
La mayoría de catalanes y vascos saben que el hecho de independizarse de España no solucionará los problemas acuciantes de la Sociedad que continuarán vigentes incluso siendo Estados independientes.
Se han dado cuenta de que los líderes independentistas solo miraban por sus propios intereses, no los del pueblo. Se han sentido utilizados huyendo ellos cuando las cosas se torcieron, dejándoles tirados. De ahí que aquellos CDR que la liaban en pleno fragor separatista, entre 2017 y 2019, se hayan desmantelado, prácticamente.
Le preguntas a cualquier catalán si le preocupa más el hecho de que Cataluña siga estando unida a España o la Sanidad y casi todos responden lo segundo. Mejor solucionar problemas como el de la falta de facultativos en Hospitales y Centros de Salud o las eternas listas de espera que separarse del Estado. Esto último no solucionará los problemas estructurales.
Hoy en día se aboga más por conseguir más competencias, por ejemplo, en materia de transportes (sobre todo el ferrocarril) que por independizarse.
Las organizaciones soberanistas están inactivas
Atrás quedaron los tiempos en los que los líderes independentistas concentraban a decenas de miles de personas en estadios de fútbol. Eso es impensable hoy en día. Ni siquiera son capaces de movilizar a unos pocos centenares en sus manifestaciones.
Omnium Cultural, que siempre aboga por la emancipación de España, se lamenta por la fragmentación actual del movimiento independentista como dijo su líder, Xavier Antich, en el homenaje a una de sus mayores impulsoras, Muriel Casals, fallecida en 2016.
En 2019, Quim Torra, siendo presidente de la Generalitat de Cataluña, junto a las formaciones políticas soberanistas en el Parlamento catalán, no dudaban en decir que los detenidos por los altercados independentistas contaban con todo su apoyo.
Incluso calificaron la operación “Judas” (como se denominó al dispositivo policial) como un montaje urdido por los partidos políticos que apostaban por mantener unida Cataluña a España. Por su parte, el Ministerio del Interior defendió la profesionalidad de la Guardia Civil, calificando de preocupante la situación que se vivía por entonces en Cataluña.
El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, magistrado de la Audiencia Nacional en excedencia, está muy sensibilizado con el terrorismo, como indica en su libro Ni pena ni miedo: Un juez, una vida y la lucha por ser quienes somos.
Marlaska reprobó la actitud del presidente de la Generalitat catalana. El ministro declaró no entender como un representante político actuaba del modo que lo hacía Torra, no respaldando una operación policial contra una célula terrorista. Se refería a los CDR cuando fueron desmantelados.
El ministro aseguró que la operación de la Guardia Civil se llevó a cabo con todas las garantías judiciales y de respeto a los derechos ciudadanos. Además, criticó la resolución adoptada por el Parlamento catalán y respaldada por Torra que solicitaba la marcha de los efectivos de la Guardia Civil de Cataluña.
A pesar del ambiente que se respiraba en aquellos años (década pasada) en el Parlamento catalán, el ministro Marlaska dijo que la situación no puede ni debe compararse a la vivida años atrás en el País Vasco y que él conoció de primera mano. Entonces, sí se experimentó un peligro continuo de terrorismo durante décadas, lo que no llegó a vivirse en Cataluña, por fortuna.
Ahora bien, los sindicatos policiales no vieron con buenos ojos que el Ministerio del Interior condecorara a determinados Mossos d'Esquadra, el Cuerpo de Policía de Cataluña, que no ayudaron precisamente en impedir el referéndum ilícito de octubre de 2017. Tampoco apoyaron la investigación del entorno radical de los independentistas.
En el seno tanto de la Guardia Civil como de la Policía Nacional existe cierta desconfianza hacia la Policía catalana.
Los agentes de los Cuerpos de Seguridad del Estado, con implantación en todo el territorio nacional, saben que entre los Mossos hay agentes que están a favor de la unidad de España. Casi nadie discute su profesionalidad, realizando su labor policial con el máximo rigor, dejando de lado sus ideas políticas. Pero pudo verse en aquellos años tumultuosos como no pocos agentes de la Policía de Cataluña se posicionan del lado soberanista.
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ERTs: El terrorismo que no fue
Uno de los acusados de terrorismo por lo sucedido en Cataluña en los últimos años de la década pasada, declaró ante la Audiencia Nacional en Madrid que el plan era anunciar la independencia desde el Parlamento catalán una vez lo tomaran.
El objetivo era entrar en el Parlament, hacerse fuertes en el edificio, recurriendo a la violencia, si fuera menester, contra las Fuerzas Armadas y los Cuerpos de Seguridad, incluidos los Mossos d'Esquadra.
Como se pudo comprobar, para los radicales separatistas, los agentes de Policía, sean catalanes o Fuerzas de Seguridad estatales, son todos sus enemigos. La gran mayoría de los Mossos lo saben y por ello no dudan en cargar contra estos extremistas en las manifestaciones en el caso de que no hayan sido autorizadas o les acompañen elementos radicales.
Los independentistas más radicales crearon grupúsculos a modo de comandos terroristas a los que llamaban ERTs (Equipos de Respuesta Táctica). Los partidos políticos que ejercían el poder institucional en Cataluña en ese momento no condenaban sus acciones violentas, en ocasiones incluso contra la Policía de la Comunidad Autónoma.
Aquella operación de la Guardia Civil que desmanteló los ERTs fue considerada un atropello contra los derechos civiles por las formaciones independentistas catalanas.
Desoyeron las evidencias encontradas en los registros domiciliarios, entre otras los planos de un cuartel de la Guardia Civil por lo que los acuartelamientos de la Benemérita fueron puestos en alerta por si alguno era atacado. Pensábamos que los tiempos en que las Casas-Cuarteles, donde no solo hay oficinas, también viviendas de los agentes y sus familias, ya no eran atacadas.
Al parecer, los radicales separatistas pretendían revivir el infierno de los peores años de la organización terrorista ETA que en la localidad catalana de Vic asesinó a diez personas (cinco menores entre ellos). Hirieron en aquella masacre a 44 personas de gravedad, en el atentado cometido contra un cuartel de la Guardia Civil, en 1991.
Miembros de las formaciones ERC, JxCAT, CUP y Euskal Herria Bildu se personaron en las puertas de la Audiencia Nacional denunciando la actuación policial como un montaje político.
De los nueve extremistas inicialmente detenidos por la intentona soberanista catalana, dos fueron puestos en libertad (hubo más investigados). El resto fueron conducidos a la prisión de Soto del Real, en la Comunidad de Madrid, donde fueron separados: los cinco que seguían una estrategia de defensa en común, negando las acusaciones, de los dos que sí admitieron manipular sustancias explosivas.
Uno de los detenidos, de 45 años de edad, gritó "Visca Catalunya lliure" (Viva Cataluña libre) cuando era detenido por la Guardia Civil de madrugada, en su domicilio, donde los agentes hallaron precursores que pudieran ser usados para la fabricación de explosivos.
Se trataba de un individuo con formación en ingeniería. Tres meses atrás se había producido un incendio en su residencia, pero el detenido declaró que se debió a un cigarrillo mal apagado. Después reconoció la obtención y manipulación de sustancias susceptibles de ser usadas con fines explosivos, pidiendo un abogado de oficio pues rechazó el que les pagó el sector independentista radical. También solicitó un “habeas corpus” al considerar ilegal su detención.
El Ministerio del Interior dijo contar con el respaldo de la Policía catalana ya que como parte integrante del CITCO (Centro de Inteligencia contra el Terrorismo y el Crimen Organizado) está obligada a cooperar en el mantenimiento del orden público ante posibles ataques terroristas.
En aquellos años convulsos, finalizando la anterior década, las principales autoridades políticas catalanas no ayudaron en mantener el ambiente tranquilo. Tanto el presidente de la Generalitat como el del Parlamento regional dijeron que la actuación de la Audiencia Nacional, cuanto menos, levantaba dudas.
Ya vimos antes que a uno de los presuntos terroristas detenidos se le incautó manuales de elaboración de explosivos caseros y de fabricación de Goma 2. También se halló en los registros ácido sulfúrico, parafina, aluminio en polvo, decapante industrial y gasolina, junto a nitrato de amonio. Fue intervenida junto a lo anterior un arma de fogueo.
La investigación duró quince meses, analizándose todo el material incautado pero no se hallaron más vínculos con otras personas por lo que desde el entorno separatista llegarían a decir que los de los ERTs era un invento.
Finalmente, y tras varios años de mezclar conceptos sin sentido, la investigación se bloqueó y la Justicia puso en libertad a todos los detenidos. Entre amnistías, pruebas débiles y acusaciones por tortura policial, el caso se ha cerrado sin una resolución clara, de hecho, se llegó a consultar al Tribunal de Justicia de la Unión Europea.
No hay nada serio en torno al independentismo
Entre los detenidos que conformaban uno de esos equipos de respuesta táctica (denominación que le dieron los propios radicales), la Guardia Civil detectó a un militante de la formación Esquerra Republicana de Catalunya (ERC).
ERC ha notado como el apoyo popular al independentismo que ellos defienden ha descendido muy notablemente. De 32 diputados que tenían por entonces en el Parlamento catalán han descendido a tan solo 20 en la actualidad.
Para no querer saber nada de España, los de ERC mantienen siete diputados en el Congreso de los Diputados de España donde también se ha notado su descenso ya que llegaron a tener el doble.
Como sabían que ya no contaban con tanto apoyo, se unieron a otra formación independentista como BILDU (de origen vasco) para conseguir una representación importante. Juntas llegaron a nueve senadores pero en la anterior legislatura, ERC llegó a tener, por sí sola, once. En el Parlamento Europeo también han visto como los dos asientos que ocupaban se ha quedado solo en uno.
Por lo tanto, el independentismo catalán se ha dado un batacazo considerable en las últimas elecciones en todos los escenarios: Cataluña, España y Europa.
Oriol Junqueras, presidente de ERC, llegó a estar en prisión preventiva por delitos de sedición, malversación y rebelión pero el Gobierno social-comunista que preside España lo indultó ya que necesitaba su apoyo parlamentario al estar en minoría.
El problema al que se enfrentan los de ERC es que uno de sus líderes parece que está siendo seducido por la posibilidad de liderar la descabezada izquierda española. De hecho, suele hacer sus participaciones en el Congreso en castellano cuando el resto de parlamentarios catalanes lo hacen en catalán.
Gabriel Rufián parece más comprometido con impulsar la izquierda en España que en la independencia de Cataluña. Tal vez porque sepa que lo segundo no tiene futuro mientras que liderar un proyecto progresista radical a escala española sí. Aún con esto, él sigue defendiendo públicamente la independencia.
Otro de los acusados como pertenecientes a un ERT cuando la Operación Judas, de la que hablábamos en el epígrafe anterior, militaba en la CUP (Candidatura de Unidad Popular), con cuatro diputados en el Parlamento catalán.
La CUP no condenó la campaña terrorista de aquellos equipos de respuesta táctica, como se hacían llamar sus miembros. Al contrario, mostraron su apoyo considerándoles ciudadanos comprometidos con una causa justa.
En el Parlamento catalán, a las acusaciones de las formaciones independentistas ERC y CUP se adhirieron los diputados de la coalición Junts per Catalunya, que de 34 diputados que tenían, perdieron uno en las últimas elecciones catalanas. Mantienen los mismos senadores en el Parlamento español con lo que han sido los menos afectados.
Ya hemos visto como Bildu apoya activamente el proceso soberanista catalán aportando su experiencia como coalición independentista vasca y su respaldo parlamentario en Madrid, donde cuentan con seis diputados. Antes solo tenían cuatro con lo que sin ser tan reaccionarios como los catalanes les ha ido mejor.
El referéndum ilegal que se realizó el uno de octubre de 2017 ya hemos visto como se ha quedado en nada. Sin embargo, aquel año motivó el despliegue de los Cuerpos de Seguridad españoles en Cataluña con el envío de unidades especializadas en antidisturbios.
En el Palacio de la Generalitat, sede del Gobierno catalán, se desplegó una pancarta en apoyo de los presos y de los fugados de la Justicia española por el proceso soberanista; sería retirada por agentes de la Policía catalana. Lo ordenó el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC), lo que sirvió de poco puesto que un grupo de ex-diputados colgaron una nueva pancarta, pero rebajando el tono para evitar consecuencias legales. En esta ocasión solo se mostraban a favor de la libertad de opinión y expresión. La colocación de la segunda pancarta fue felicitada en redes sociales por el presidente catalán.
Otra organización "fantasma", "Tsunami Democràtic", cuya existencia después desmentiría el entorno separatista, ocupó una oficina de la compañía eléctrica IBERDROLA, en Barcelona. Los que llevaron a cabo la acción decían pertenecer a esa plataforma independentista. Denunciaban que la compañía financió la campaña del anterior Gobierno español, del Partido Popular, contra el referéndum ilícito por la independencia, en 2017.
Los participantes en la toma de la sucursal contactaron a través de redes sociales tanto para esta acción como para la incursión en varias oficinas de Caixa Bank, días anteriores, sin que fueran identificados por los agentes de la Policía catalana que acudieron. En cambio, sí pidieron su acreditación a varios periodistas.
Sin embargo, el caso fue archivado por la Audiencia Nacional por considerar que los investigados no pudieron defenderse de modo efectivo (entre los que estaban el huído de la Justicia española Carles Puigdemont, que fue presidente del Gobierno catalán).
Elisenda Paluzie, presidenta de la Asamblea Nacional Catalana (ANC), encabezó la concentración organizada en Sabadell en 2019 (con unos 3.000 asistentes) en apoyo de los detenidos por terrorismo. Dijo que el Estado español estaba construyendo una imagen de violencia en Cataluña que no era real. Consideró entonces que los detenidos son presos políticos, los cuales se unen a los que ya hay en centros penitenciarios españoles por defender su derecho a reclamar la independencia de su País.
La ANC envía miembros de su plataforma a otros Países a impartir conferencias mostrando a España como un Estado dictatorial que castiga los movimientos separatistas. De momento no han tenido apenas éxito en ningún lugar al que han marchado pues a sus ponencias acuden muy pocas personas. Lejos queda en el tiempo aquella convocatoria en Barcelona, en 2019, en apoyo de los "presos políticos", que reunió a 600.000 personas, según cálculos de las autoridades.
Lo último fue la protesta del entorno independentista por un partido de fútbol que habían organizado entre las selecciones de Cataluña y Euskadi (País Vasco) contra un combinado palestino.
El cabreo de los separatistas catalanes fue monumental cuando vieron que los propios palestinos publicitaban el encuentro con un cartel en el que los equipos catalán y vasco figuraban junto a la bandera de España. Incluso la formación de ultraderecha catalanista Aliança Catalana se ha reído de la ocurrencia.
Conclusiones: Los CDR en Cataluña, mala copia de una chapuza
En 2019 los Mossos protegieron las comisarías de la Policía Nacional en las ciudades en las que se organizaron manifestaciones de protesta por las detenciones de presuntos miembros de los CDR. Con esta acción policial demostraron que cuentan con excelentes profesionales que tienen claras sus obligaciones.
En cambio, los políticos independentistas crearon sospechas en torno a la Policía de Cataluña, una magnífica institución policial que se vio dividida por la intervención política.
El propio Qim Torra, que fue presidente del gobierno catalán, animaba a los extremistas un año antes la frase: “Apretáis y hacéis bien en apretar”.
Lo que los investigadores policiales temieron en aquellos años es que antiguos miembros de la extinta organización terrorista Terra Llure asesoraran o estuvieran detrás de la creación de los equipos de respuesta táctica de los CDR.
Según trascendió de la Operación Judas, en septiembre de 2018, se detectó a uno de los fundadores de Terra Llure como vinculado a los CDR. Posteriormente se reuniría con Puigdemont, ex-presidente de la Generalitat catalana y fugado de la Justicia española.
Los miembros de Terra Llure fueron adiestrados por la organización terrorista ETA en los años 70. Parece que no les quedó claro como actuar pues sus ataques eran tan chapuceros que cayeron dos de sus componentes manipulando explosivos o en tiroteos con agentes de Policía, quedando otro malherido, lo que hizo que la mayoría de miembros del grupo desistieran de seguir atentando, ya que no se les daba bien.
Alguno fue a parar a la cárcel donde se unían a los presos etarras en sus reivindicaciones.
Varios de ellos, después de su etapa en prisión, se dedicaron a la política uniéndose a los sectores más radicales en pro de la independencia de Cataluña, muy activos en redes sociales.
A los CDR detenidos se les incautaron los teléfonos móviles, por supuesto, pudiendo comprobar los investigadores como guardaban fotografías del paso de patrullas policiales, principalmente de los Mossos, así como fachadas de comisarías. Esto último se sabe porque trascendió a la prensa de la investigaciónm policial.
Los que reconocieron que habían adquirido sustancias químicas también admitieron que hicieron pruebas explosivas en una cantera abandonada.
Pero todo ha quedado finalmente en nada. Hubo más ruido que otra cosa.
La situación política, no solo en Cataluña sino en toda España, es complicada, requiriendo el Gobierno central de apoyo parlamentario para mantenerse en el poder por lo que pactó con los partidos soberanistas catalanes que se olvidara el asunto. De este modo, esas formaciones continuarán respaldando al Gobierno en el Parlamento Nacional.
Hoy en día la opinión general es que resulta más práctico pasar página, tanto por lo sucedido en Cataluña como el terrorismo de ETA pues revivir aquello continuando la investigación de crímenes no resueltos solo reaviva la chispa de la crispación. Pero hay quiénes consideran que no debe olvidarse ni permitir que quiénes atentaron en el pasado se vayan de rositas.
En cualquier caso, el independentismo está en horas bajas, tanto en Cataluña como en Euskadi, dándose cuenta de que ganan mucho más mediante la política que con actos violentos que solo causan rechazo y pérdidas económicas que no benefician a nadie.
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