En una sociedad democrática contemporánea, no tiene cabida esta lacra que, sin embargo, va en aumento
La pandemia, y el confinamiento doméstico, sin duda, ha agravado la situación de muchas mujeres que ya de por sí vivían con miedo constante al convertirse su hogar en una prisión.
Se ha registrado un notable aumento de llamadas de socorro en muchos países europeos; solo en España supuso un incremento del 41%.
Muchas mujeres aún desconocen los mecanismos que existen a su disposición para solucionar su grave problema. Veamos a lo largo de dos artículos (siendo éste el primero), qué se ha hecho hasta el momento para intentar erradicar el problema y qué más se podría hacer.
Comenzaré por hablar de un acuerdo al que llegaron prácticamente todos los Países europeos, hace diez años, pero que pasado el tiempo no todos han ratificado. Es un claro ejemplo de la diferencia entre las buenas palabras (y hacerse la foto) y los buenos hechos.
El Convenio de Estambul
En 2011, en la ciudad turca de Estambul, se firmó un acuerdo con el auspicio del Consejo de Europa contra la violencia de género y la doméstica; sin embargo, no entraría en vigor hasta tres años después.
El Convenio de Estambul - en adelante, el Convenio -, lo han ratificado 34 de los 46 países que lo firmaron en un principio, entre ellos España, reconociendo que la violencia machista atenta contra los derechos humanos, admitiendo que existe una clara desigualdad entre los dos géneros a favor del hombre.
Lo paradójico es que el País anfitrión del Convenio, Turquía, es uno de los Países que no lo ha ratificado y no solo eso, se retira de la adhesión al mismo.
En la misma línea se mueven Polonia, Bulgaria, Hungría, Eslovaquia y la República Checa. Lo que alegan es que resulta contrario a sus Constituciones nacionales o costumbres.
Veamos a qué insta el Convenio y si atenta contra las libertades individuales, que es lo que principalmente deben proteger las Constituciones democráticas.
Los objetivos del Convenio (aplicable solo en Europa) son los siguientes:
Castigar la violencia de género como delito.
Promover la igualdad entre géneros contribuyendo al empoderamiento de las mujeres.
Elaborar políticas estatales que ayuden a proteger a las víctimas.
Promover la cooperación internacional en la materia.
Dar medios a los CFSE para que puedan asistir a las víctimas de modo más eficaz.
El Convenio incluye a las mujeres y niñas migrantes, introduciendo un elemento novedoso: el permiso de residencia independiente del que se le diera a su pareja, si ésta solicitó la reagrupación familiar, en el caso de que se demuestre que la mujer está siendo objeto de violencia.
La atención a las migrantes resulta clave para erradicar una práctica horrible como es la mutilación genital femenina, un problema que afecta a más de medio millón de mujeres solo en Europa y que les marca de por vida.
En España se adaptó la normativa europea basada en el Convenio al Sistema Nacional de Salud que ofrece un servicio específico a las mujeres que pidan protección para impedir que se les practique la escisión total o parcial de los órganos genitales. Se trata de una detestable tradición que sufren decenas de millones de mujeres en África y Oriente Medio (también sucede en otros lugares de Asia).
Cuando muchas mujeres inmigrantes llegan a España, en cuyos Países de origen existe la costumbre de la amputación del clítoris u otra parte de sus genitales, siguen estando dominadas por esas ancestrales costumbres machistas.
Una mujer de su comunidad, una especie de curandera, a la que recurren para llevar a cabo semejante atrocidad, se la practicará en la intimidad de su hogar con el riesgo que conlleva de que se desangre.
La Guardia Civil española cuenta con equipos de atención al inmigrante que realizan un formidable trabajo y que mantienen contacto con ONGs y asociaciones de inmigrantes, algunas de las cuales ofrecen formación para facilitar el acercamiento a las mujeres que sufren esta tortura. En muchos casos, se debe a su analfabetismo y total dependencia de sus parejas masculinas o porque no conocen el idioma del País de acogida o sencillamente ignoran cómo defenderse (ni siquiera saben si han de hacerlo o no).
El problema no solo persiste, se agrava
A pesar de los diez años transcurridos desde la firma del Convenio de Estambul, en la actualidad solo doce Países europeos cuentan con leyes que castiguen penalmente las relaciones sexuales sin consentimiento como una forma de violación.
La violencia contra las mujeres se verá desde distintas perspectivas y les darán distintos nombres, pero la realidad incuestionable es que se trata de una lacra no solo en España sino en todo el Mundo, pues ya es la primera causa de muerte de mujeres de entre 15 y 44 años de edad.
Existen distintas modalidades de violencia de género:
La que se produce en el seno doméstico, si es dirigida hacia la mujer de forma específica.
La violencia sexual en sí misma
El acoso de tipo sexual
La mutilación genital femenina
El matrimonio forzoso
El aborto forzado
La esterilización obligada.
Uno de los escollos con los que se encuentran muchas mujeres es que los centros habilitados para el asesoramiento no están abiertos durante todo el día (salvo contadas excepciones). De ahí que el Gobierno español hable ahora de crear centros de crisis por todo el País ya que no es lógico que ante un problema tan grave, dichas oficinas abran solo a unas horas determinadas. El problema se agrava en muchas zonas rurales, donde ni siquiera existen.
De acuerdo que existen otros mecanismos como los teléfonos de emergencias (de los que hablaré en la segunda parte de este post), pero se usan, por lo general, cuando la situación es grave. Se impone, por lo tanto, la necesidad urgente de abrir más centros de información, ayuda y prevención.
El Ministerio de Igualdad en España se ha marcado como objetivo para 2021 la puesta en marcha de un centro de crisis (es decir, abierto las 24 horas del día) en cada Provincia y otro por cada una de las Ciudades Autónomas de Ceuta y Melilla. La partida presupuestaria es de 19,8 millones de euros.
Teniendo en cuenta que hablamos de 52 centros de crisis, debiera poder destinarse más de 350.000 € anuales a cada uno, si bien Asturias y Madrid ya cuentan con sendos centros; el primero dependiente de la Comunidad Autónoma y el segundo del Ayuntamiento de la capital de España.
El Sistema VioGén
En España existe el programa VioGén o “Sistema de Seguimiento Integral en los casos de Violencia de Género” puesto en marcha por el Gobierno español en 2007. Así lo ordenaba la Ley de “Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género".
Esta norma legal se aprobó en 2004, pero el VioGén no se inició hasta tres años después, como sucedió con el Convenio de Estambul a nivel continental. Una vez más, se promete algo que resulta políticamente correcto, pero llevarlo a la práctica se retrasa de modo incomprensible. Parece que los responsables políticos han hecho suyo el refrán "Del dicho al hecho, hay un gran trecho".
Las disputas entre las formaciones políticas por sus distintas perspectivas retrasa la aplicación de las leyes
Mientras los parlamentarios dirimen sus diferencias sobre lo qué debe ser considerado violencia de género, el número de víctimas aumenta. En un País como España, avanzado y democrático, existe la impactante media estadística de un asesinato cada seis días (1093 mujeres desde 2003, según la Fiscalía General del Estado).
Básicamente, lo que hace el programa VioGén, gestionado por la Dirección General de Coordinación y Estudios del Ministerio del Interior, es reunir a todas las entidades públicas competentes en materia de violencia de género para que compartan información, lo cual permitirá, en teoría, elaborar políticas de prevención.
Otra de las competencias del VioGén es proteger a las víctimas realizando un seguimiento de sus circunstancias avisando a quiénes sea necesario de las incidencias que se produzcan para que actúe en defensa de dichas víctimas y de sus hijos.
Los ayuntamientos se adscriben al sistema según la incidencia en su municipio y si consideran que les será de utilidad, principalmente para compartir información.
En España, las corporaciones municipales interesadas contactan con la Subdelegación del Gobierno, que es el organismo que representa a la Administración central en cada Provincia (o Delegación del Gobierno si es la capital de la Región o se trata de una Comunidad uniprovincial). Todas las Delegaciones o Subdelegaciones del Gobierno cuentan con una Unidad de Violencia de Género.
Al unirse un ayuntamiento a la red creada por el sistema VioGén, el Cuerpo Local de Policía podrá compartir información con las Fuerzas de Seguridad del Estado y contribuir así los agentes municipales en la protección de las personas que hayan sido maltratadas por razón de género, y de sus familiares.
Por su parte, las Comunidades Autónomas españolas cuentan con organismos propios en los que se atiende también a las víctimas.
Sin embargo, existen muy pocas viviendas de acogida debidamente acondicionadas para dar refugio a las mujeres maltratadas y que reciban atención psicológica. No solo se requieren más "refugios" sino también más trabajadores sociales.
En las casas de acogida, el personal cualificado debiera realizar un seguimiento personalizado de cada caso y de este modo que las víctimas sientan que de verdad se les está ayudando. Y es que aquí encontramos uno de los principales obstáculos al intentar socorrerles anímicamente: muchas mujeres creen que su problema no tiene solución y viven aterrorizadas. De ahí que el trabajo de los psicólogos especializados resulte fundamental y una de las claves para que las víctimas recuperen su vida.
La teleasistencia al servicio de las víctimas
Uno de los medios técnicos que se lleva utilizando ya algunos años y que ha demostrado su eficacia son los dispositivos de teleasistencia que llevan las personas que lo solicitan y que activando un pulsador les pone en contacto directo con el organismo responsable o competente.
Si las víctimas creen que corren peligro simplemente han activar su dispositivo, allá donde se encuentren, en cualquier momento del día y los 365 días del año, aunque deberá reunir dos requisitos:
No vivir con la persona a la que denunció por agresión.
Inscribirse en el sistema de asistencia a víctimas de violencia de género.
Se trata del Servicio Telefónico de Atención y Protección para víctimas de la violencia de género (ATENPRO) del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad. Si un ayuntamiento considera que en su municipio existe una alta incidencia de casos de maltrato por cuestión de género solicita a la Federación Española de Municipios y Provincias el o los dispositivos que considere necesarios.
La Cruz Roja es la entidad que gestiona el servicio, con los dispositivos conectados, siendo un excelente medio para alertar del peligro. Las mujeres que tengan problemas de audición podrán comunicarse mediante mensajes de texto.
Algunas Comunidades Autónomas, aparte del anterior sistema, cuentan con el suyo propio para que se pueda abarcar a un mayor número de víctimas. Se les facilita mecanismos o aplicaciones que pueden descargar en sus teléfonos móviles y que les ponen en contacto directo con los centros especializados, que son los que avisarán a los Cuerpos de Seguridad si la situación lo requiere.
Lamentablemente, aún hay muchas mujeres que no denuncian las agresiones que sufren de sus parejas debido a que no saben qué hacer en el caso de que se divorciaran o separaran, al no contar con independencia económica. El problema se agrava si hay menores por cuya seguridad teme la víctima. Pero deben denunciar su caso y, por supuesto, los Cuerpos de Seguridad han de reforzar sus plantillas especializadas en la materia.
Por otro lado, todas las Comunidades Autónomas deberían contar con los mismos recursos pues no es aceptable que unas dediquen más medios que otras al problema. Esto crea desconcierto y no es lo que precisa una víctima, sino ayuda, sobre todo si se trasladaran a un territorio distinto, huyendo de su situación.
En la segunda parte de este post hablaré del 016, el teléfono habilitado exclusivamente para la atención a mujeres maltratadas y que no da abasto. Veremos también lo útiles que pueden ser los servicios médicos en la erradicación de esta lacra.
El autor del artículo es perito judicial en violencia de género e intrafamiliar, habiendo asistido a jornadas y seminarios sobre violencia sexual y en el ámbito doméstico.
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