Actualizado: 17 sept
Gran Bretaña, Bélgica, Suiza y ahora Alemania, dan refugio a políticos que han intentado desestabilizar una democracia consolidada como la española, ejemplo para muchos Países del Mundo. Explico por qué el proceso catalán puede pasar factura de no ponerle solución cuanto antes.
El tribunal alemán que lleva el caso de Carles Puigdemont, desde que fue detenido en ese País, ha resuelto que no es culpable del delito de rebelión del que le acusa el Gobierno español. Sin embargo, los magistrados alemanes admiten la evidencia de que los políticos catalanes embarcados en el proceso soberanista no evitaron los actos de violencia que se produjeron por parte de los manifestantes independentistas que ellos jadeaban. De hecho, queda un segundo delito que juzgar en Alemania antes de proceder a la extradición de Puigdemont a España o caso contrario su puesta definitiva en libertad: el de incitador de un referéndum ilegal que provocó numerosos actos violentos. Ahora mismo se encuentra en libertad bajo fianza (75.000 €) y vigilada a la espera del segundo juicio debiendo presentarse en una comisaría de Policía cada semana.
El tribunal no admite la denuncia del ex-presidente de la Generalitat de Cataluña de que se trata de un preso político, pero ciertamente la Justicia española ha quedado cuestionada. Si España quiere conservar su prestigio judicial debería presentar una solicitud ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea de revisión del juicio alemán por si se han cometido irregularidades: en ningún momento debían valorar las acusaciones que pesan sobre Puigdemont sino decidir de qué modo se le entregaba a España pues había una euroorden de búsqueda y detención activada. Pero no es seguro que prosperara; aún pesa sobre la Justicia española la reprensión del Tribunal Europeo de Derechos Humanos por la condena de quince meses de prisión a dos muchachos que quemaron una foto del rey Felipe VI publicándolo en las redes y mostrando su “proeza” a todo el mundo. Parece que, a tan alto tribunal, le da igual que alguien insulte de modo tan grave la figura del jefe del Estado.
El rey asistió el nueve de abril de este año al Auditorio de Barcelona con motivo de la entrega de diplomas a los nuevos miembros de la judicatura catalana. Fuera del inmueble, los llamados “comités de defensa de la República” protestaban enérgicamente por la presencia del monarca. El derecho a manifestarse, que goza en España del máximo respeto por parte de las autoridades, permite a estos individuos cortar una calle sin que nadie cargue contra ellos y aun así continúan diciendo que en España existe una notoria falta de libertades.
Acompañaba al rey el ministro de Justicia y el presidente del Consejo General del Poder Judicial, así como el Fiscal General del Estado y el presidente del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, pero ninguna autoridad política catalana. Por lo menos, el Mayor de los Mossos d'Esquadra, el Cuerpo de Policía de Cataluña, Ferrán López, ha asistido al evento.
El rey ha recordado a los presentes en la entrega de despachos de los nuevos jueces catalanes que la Constitución española es la "norma fundamental del ordenamiento jurídico".
Europa da la espalda a España: la Unión Europea de nuevo cuestionada.
Probablemente el Gobierno español no se queje formalmente ante el alemán porque le supondría enemistarse, lo que no resulta nada prudente. Así que lo mejor es recurrir a la diplomacia y dejar el caso en manos de la Fiscalía General del Estado, que si bien dependen del Gobierno dará impresión de que el mismo no se entromete en la acción judicial, aunque realmente esté detrás. Y es que el Ministerio Fiscal denunciará ante Bruselas la incoherencia de la decisión judicial alemana en el marco del orden jurídico de la Unión Europea. No resulta lógico que los otros encausados y en prisión en cárceles españolas tengan condenas superiores a la de Puigdemont, el principal ideólogo del “Procés” (el proceso soberanista catalán). El caso es que veremos pasar la primavera y posiblemente el verano hasta un nuevo juicio en Alemania y mientras tanto, Puigdemont en libertad, aunque sin poder salir del País germano, pero incitando aún más a los extremistas independentistas.
¿Qué harán en Gran Bretaña y Suiza? En esos Países hay otros huidos de la justicia española por su participación en el proceso ilegal de emancipación del Estado. Es inaudito que traten a España como si fuera una República bananera donde existan presos políticos como sí sucede en Venezuela, un País que critica abiertamente la (desde su perspectiva) falta de libertades en España. No es serio que tanto británicos, como belgas, alemanes y suizos vean a España con tanta indiferencia, vulnerando el espíritu de la euroorden que nació para evitar que delincuentes y criminales con riesgo de fuga huyeran de territorio europeo. Gran Bretaña y Suiza no forman parte de la UE, pero se les suponía Países amigos. No se entiende que teniendo todos esos Estados sus propios problemas de independentismo en sus solares den la espalda a España de la forma en la que lo han hecho.
En honor a la verdad, la Fiscalía alemana no entiende la decisión de los jueces que han puesto en libertad a Puigdemont ya que, posicionándose con la Fiscalía española, consideran que había razones suficientes para haber extraditado al ex–presidente catalán a España. De hecho, estudian un recurso contra la decisión del Tribunal Regional de Schleswig-Holstein. El caso es que el político catalán seguirá dirigiendo el denominado Consell de la República de Catalunya, una especie de órgano de Gobierno en la sombra que acatan los diputados soberanistas, aunque no lo afirmen públicamente pero para ellos el proceso continúa adelante. Entonces, ¿de qué ha servido la implantación del artículo 155 de la Constitución española, que prevé la intervención de una Comunidad Autónoma díscola?
Los jueces alemanes consideran que Puigdemont no es culpable de rebeldía contra el Estado español, aunque sí que, pudiendo haber evitado los focos de violencia, no hizo nada por remediarlo, pero aún queda por ver qué opinan con respecto al otro cargo de malversación de fondos públicos. Teniendo en cuenta que difícilmente se le condenará ya en España por rebelión, lo más probable es que se aumente la pena por malversación al tope previsto para compensar: doce años de prisión. En este sentido, ver como los diputados del Junts per Catalunya, la coalición de la que forma parte Puigdemont, se trasladan a Berlín a reunirse con su colega resulta escandaloso. El Parlamento catalán lleva meses sin actividad, pero los diputados no dejan de percibir su salario mensual. Díganme los lectores si un Estado autoritario, como dicen esos diputados secesionistas que es el español, permitiría algo así. Puigdemont ha declarado a los medios nada más salir de la cárcel alemana en la que estaba de forma provisional (Neumünster) que continúan más fuertes y más decididos que nunca, siguiendo la vía catalana, la no violenta, la de pedir el ejercicio de derechos democráticos. Que se lo digan a los magistrados del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña que se han visto obligados a solicitar escoltas porque temen por su seguridad al recibir continuas amenazas. Tanto Pablo Llarena, el juez encargado del caso, como su esposa, Gema Espinosa, están sufriendo un acoso constante.
Ahora bien, el que Puigdemont se vaya escapando más o menos airosamente de los juicios a los que se le somete en Europa, primero en Bélgica y ahora en Alemania, no significa que en España se le persiga. En nuestro País se le detuvo por convocar un referéndum sin garantías legales, derogando la Carta Magna cuya acción abarca a todas las Comunidades Autónomas de España, incluida Cataluña. De hecho, debiera recordarse que dos de los siete “padres” de la Constitución española fueron Miquel Roca i Junyent, del Pacto Democrático por Cataluña (PDC) y Jordi Solé Tura, del Partido Socialista Unificado de Cataluña (PSUC). El PDC era en realidad una coalición de formaciones políticas que incluían Convergencia Democrática de Cataluña, el Partit Socialista de Catalunya-Reagrupament, Esquerra Democràtica de Catalunya y el Frente Nacional de Cataluña más otros grupos minoritarios pero que abogaban también por conseguir autonomía de Gobierno para Cataluña. Por su parte, el PSUC era una formación comunista que incluso combatió del lado del bando republicano en la Guerra Civil. Y todos ellos contribuyeron en la redacción de la Constitución española, por lo que han sido los independentistas actuales los que han mancillado el esfuerzo titánico que supuso recuperar la democracia para España, en lo que colaboraron tan activamente las formaciones catalanistas de los años 70.
Los independentistas han intentado imponer leyes redactadas por ellos mismos, con el apoyo tan solo de la mitad de la cámara parlamentaria catalana, desoyendo y ninguneando a la otra mitad que también representan a millones de catalanes.
Sin la debida mayoría instauraron un Régimen político en el que o estabas con ellos o contra ellos, de ahí que hicieran caso omiso de los requerimientos de la oposición política, ni siquiera debatiéndolos en el Parlamento, como es lo normal en cualquier democracia. Se trataba de un golpe de Estado en toda regla.
Los independentistas alegan que las Fuerzas de Seguridad del Estado actuaron de forma desorbitada, pero se olvidan de mencionar los actos que motivaron la actuación de los Cuerpos estatales: acoso a la acción del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, a políticos de la Oposición o incluso vecinos que manifestaban su deseo de seguir formando parte de España, vehículos policiales destrozados por los manifestantes independentistas que además cortaban carreteras y vías férreas. ¿Qué clase de democracia es aquella que impone algo de forma unilateral e ilícita?
Los soberanistas creían llegado su momento ante un Gobierno central débil, en minoría parlamentaria en Madrid, que se vería desbordado por los acontecimientos sin atreverse a reaccionar ya que lo que menos les interesaría sería que les calificaran de autoritarios. Por lo que creyeron que, si movilizaban a sus bases en las calles, desde Madrid no estarían en disposición de actuar antes de ser proclamada la República de Catalunya. Cuando el Gobierno central quisiera reaccionar, solo le cabría una posibilidad: recurrir a los antidisturbios y allí estarían los instigadores de las manifestaciones violentas pro-independencia para grabar las cargas policiales, como de hecho sucedió.
Los secesionistas no dudaron en acudir a las inmediaciones de los cuarteles de la Guardia Civil, donde viven los agentes con sus familias, impidiéndoles salir de sus casas pues cientos de manifestantes se lo impedían, destrozando algunos vehículos policiales. ¿Es eso democracia? ¿De veras esperaban que el Estado dejaría a la Guardia Civil sin respaldo?
Mientras todo se soluciona, si acaso se consigue, la situación interna en España se complica con unos Presupuestos Generales que no terminan de aprobarse porque el Partido Nacionalista Vasco se niega a dar su respaldo mientras la Comunidad Autónoma catalana siga estando intervenida por el Gobierno central. Y eso que el Partido Popular contempla un incremento de más del 30% en la partida destinada al País Vasco. Tan solo cinco diputados vascos en el Parlamento nacional, en Madrid, imposibilitan que se aprueben los Presupuestos Generales del Estado para 2018, cuando ya estamos en el mes de abril, lo que, junto al proceso soberanista catalán y el nuevo desafío vasco, dan una imagen de España en Europa de País desestabilizado y eso no beneficia a nadie. Por si fuera poco, la ONU ha pedido a España que el Gobierno adopte las medidas necesarias para garantizar que Jordi Sánchez, candidato independentista a la presidencia de Cataluña, pueda ocupar su cargo. Pero se le olvida a los “expertos” de la ONU que el señor Sánchez se encuentra en prisión por delito de rebelión cuya condena es de nada menos que treinta años.
El otrora adalid del nacionalismo catalán, Artur Mas, llegaría a decir que la declaración de independencia fue en realidad un acto simbólico, claro que lo dijo cuando las cosas se pusieron verdaderamente feas para ellos. Hasta ese momento, iban muy en serio.
--------------------------------
RSW no se alinea con ninguna corriente de pensamiento, dando libertad a sus colaboradores para manifestar libremente su opinión y a los lectores para comentarla, siempre y cuando se haga de forma respetuosa.