Venezuela se queda sin Parlamento...por un día

03.04.2017

Venezuela estuvo sin Parlamento todo un día, el 30 de marzo pasado. En un momento extremadamente crítico para la República, con una grave carencia de alimentos (el 31 de marzo se conocía la noticia de un hombre que moría de un infarto en una cola de personas que esperaban poder adquirir alimentos con una inflación que superó el 500% en 2016 y salarios paupérrimos), escasez de medicinas y una inseguridad generalizada -70 homicidios por cada 100.000 habitantes en 2016, un 12% más que en 2015, según informa la Fiscalía General del Estado-, ahora le toca a la exigua democracia que todavía quedaba en Venezuela anulándose la separación de poderes uniéndose bajo un solo mando: el presidente es más poderoso que nunca, un verdadero dictador, acaparando el poder judicial, el legislativo y el ejecutivo. Si bien se ha maquillado la operación como llevada a cabo por el Tribunal Supremo de Justicia evidentemente se trata de un Golpe de Estado perpetrado por el propio Gobierno de la Nación. Y como decíamos, en el peor momento, con la venta de pan regulada por el Estado para garantizar que llega a toda la población.

La coalición que esperaba cambiar las cosas y echar a Nicolás Maduro ha fracasado rotundamente. La Mesa de la Unidad Democrática (MUD) no tiene un líder único ni poder de convocatoria y eso que contaban con mayoría parlamentaria (por primera vez en 18 años). Pero los diferentes cabecillas de las distintas formaciones que conformaban la coalición no terminaban de ponerse de acuerdo sobre como conducir la situación lo que ha favorecido a Maduro, con el peor índice de popularidad de todo su mandato y sin embargo la MUD desaprovecha la ocasión de arrebatarle el poder ahogándose en luchas internas. Llevan 15 meses con mayoría en la Asamblea Nacional y no han hecho nada que mejore la situación del País, aunque también es cierto que el Tribunal Supremo de Justicia les ha impedido legislar anulando con sus sentencias 52 proyectos de ley que se habían votado; ni siquiera se les deja aprobar contratos públicos. Ahora, además, les anula la inmunidad parlamentaria con lo que podían ser detenidos en un golpe político al que ya se conoce como "madurazo" (de Nicolás Maduro). Pero como decía, esta decisión ha durado tan solo un día.

El Tribunal Supremo alega que ha intervenido el Parlamento al negarse esta institución a cumplir su orden de que tres diputados indígenas no ocuparan sus escaños pues no habían seguido el proceso electoral adecuadamente. La MUD llamó a la manifestación en las calles para protestar por la decisión del Supremo, pero finalmente acataría su orden. Sin embargo, al volver a aceptarles el alto tribunal declara al Parlamento en desacato y ordena la anulación de las funciones de la Asamblea Nacional. La enorme presión internacional ha conseguido que el presidente reaccione a favor de devolverle el poder legislativo al Parlamento: "El Tribunal Supremo pretende maquillarlo, pero ya el golpe de Estado no se puede corregir. No perdamos la energía, hay que lograr el cambio", gritaba a los diputados el presidente del Parlamento, Julio Borges, quién rompió ante la prensa la orden del Tribunal Supremo. Por su parte, Nicolás Maduro se dirige al pueblo por televisión y rodeado de militares, aprovechando el bautizo de un buque escuela de la Armada venezolana.

Perú fue el primer Estado que se pronunciaba retirando a su embajador de Venezuela como protesta por el "autogolpe de Estado". Les seguirían Colombia, Uruguay, Brasil, Argentina y Chile, pero sin retirar sus respectivos embajadores, aunque sí protestando por la acción gubernamental. Maduro les contestó diciendo que representan a la derecha intolerante y pro-imperialista de Latinoamérica.

Lo que Maduro no esperaba es que su afín, la fiscal general de Venezuela, Luisa Ortega Díaz, que ha defendido siempre a ultranza al presidente venezolano, ahora criticara la decisión del Tribunal Supremo. Pocas horas después, Maduro se reunía con el presidente del Tribunal Supremo decidiendo, ya pasada la medianoche, que los parlamentarios no perderían su inmunidad y el Tribunal Supremo no asumiría las competencias parlamentarias. Pero sale a la luz pública la intención del Gobierno venezolano de vender a Rusia participaciones en compañías de hidrocarburos para lo que se requiere el visto bueno del Parlamento lo que se cree motivó la intervención del Tribunal Supremo, para de este modo no verse obligado el Gobierno a pedir permiso a la Asamblea Nacional para la venta de esos porcentajes de las compañías petroleras.

Salgo a las calles de Caracas y pregunto a los viandantes si creen que lo sucedido empeorará la situación por la que pasa el País y me asombra la reacción de la gente que responden estar ya acostumbrados a estas ridiculeces políticas. Una mujer de unos 50-55 años que lleva una niña de apenas cinco o seis años en brazos nos dice que salen poco de casa, por la inseguridad en las calles, sobre todo por la noche y que pasan la mañana haciendo cola en las tiendas para comprar enseres básicos. Por la tarde aprovechan para sacar a pasear a los críos mientras los adultos juegan al dominó o charlan, pero nunca de política porque lo consideran un tema que no tiene solución en Venezuela donde se producen de vez en cuando golpes de Estado y todo sigue igual después.

El uno de marzo pasado, el Tribunal Supremo anuló la función de control del Parlamento con lo que el único Organismo que puede controlar la Administración, desde ese momento, es el Gobierno. Maduro, con su brazo militar (la Fuerza Armada Nacional) tiene todo el poder en sus manos. De hecho, si el Parlamento desea que algún ministro comparezca para explicar alguna decisión que haya tomado en el ejercicio de sus prerrogativas, antes debe comunicárselo al vicepresidente. Se trata de un cambio impuesto por el Tribunal Supremo que vulnera lo que la Constitución venezolana dice sobre las competencias de la Asamblea Nacional. Al desaparecer su capacidad de control tampoco tiene el Parlamento ni voz ni voto en la decisión de los miembros del propio Tribunal Supremo que son todos afines a Nicolás Maduro. El Parlamento tampoco puede estudiar y aprobar los Presupuestos del Estado, lo que antes teóricamente sí hacía (pero claro, con mayoría del partido del Gobierno), incluso se ha eximido al presidente de acudir a la sesión de control parlamentaria de su Gobierno.

Los ministros de asuntos exteriores de Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay condenaron, de forma conjunta, la acción del Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela, estudiando la expulsión de Venezuela de MERCOSUR, pero es otro ejercicio de hipocresía. La mayoría de los Gobiernos iberoamericanos están salpicados de un modo u otro por la corrupción o realizan cambios a su antojo en las Constituciones de sus respectivos Países para favorecerse. Horacio Cortés, presidente de Paraguay, ha reformado la Constitución de este País para poder presentarse a las elecciones de 2018, cuando la Constitución paraguaya no permite la reelección. Las protestas de la oposición paraguaya fueron calladas duramente por la acción policial.