Los candidatos de Trump son evaluados por el Senado

11.01.2017

El Senado de los Estados Unidos de Norteamérica continúa la ronda de sesiones para confirmar o denegar el cargo propuesto por el nuevo presidente Donald Trump de fiscal general para Jeff Sessions y como máximo responsable de la seguridad nacional para John Kelly junto al resto de candidatos para los distintos Departamentos del Gobierno. Sessions, de 70 años de edad, es senador por Alabama desde hace veinte años. Anteriormente fue fiscal general de Alabama. Ha sido acusado en reiteradas ocasiones por xenofobia. Sin embargo, uno de los testigos en la sesión para argumentar a favor o en contra del candidato, el senador Al Franken, de Minnesota, dijo que en 2009 el candidato a la fiscalía general le comentó que había trabajado en veinte o treinta casos como abogado en favor de los derechos civiles en las escuelas. Sin embargo, el registro judicial muestra un dato diferente con menos casos de los asegurados por el aspirante a nuevo fiscal general. Así que el Comité del Senado encargado de confirmar su cargo o denegarlo le pidió al propio Sessions que enumerara diez de esos casos que dice que defendió. De los comentados hay tres casos a favor del derecho al voto y otro en contra de la segregación racial. Ahora bien, el senador Franken presentó el testimonio de tres ex-abogados del Departamento de Justicia que aseguraban que Sessions no participó activamente en esos casos ante lo que Sessions les acusó de distorsionar la realidad.

El candidato a fiscal general ha declarado que considera correctas las polémicas normas de identificación de votantes en algunos Estados norteamericanos, si están correctamente redactadas. Dichas leyes electorales han sido utilizadas en ciertos Estados del sur para impedir el voto a no pocos ciudadanos alegando distintas asociaciones que son herramientas legales en manos de racistas para impedir el voto a la comunidad afroamericana y otros colectivos inmigrantes. El propio Sessions dice aborrecer al Ku Klux Klan con lo que considera injusto que se le tache de racista o simpatizante de ese movimiento.

Se le preguntó también a Sessions por el supuesto ciberataque ruso que describe un reciente informe de las Agencias de Inteligencia norteamericanas. En dicho informe se dice que mediante esos ataques cibernéticos el Gobierno ruso ha intentado influir en las elecciones en Estados Unidos a favor de Trump. Sessions declaró no tener razones ni evidencias para desmentir lo publicado en el informe, pero tampoco para confirmarlo. Seguidamente se le preguntó si autorizará que el Departamento de Justicia, en el caso de que se le otorgue el cargo de fiscal general, continúe con la investigación respondiendo que si hay evidencias de que sea recomendable que se continúe investigando dará permiso para ello.

Igualmente, se le preguntó por las torturas que se dice que utilizan algunos equipos especiales militares o agencias de Inteligencia respondiendo que son técnicas condenadas por el Congreso de los Estados Unidos y por lo tanto ilegales.

Con respecto a la medida de Obama para conmutar las penas por delitos menores de tráfico de drogas utilizando otra forma de castigo menos dura, Sessions dice que no es función del fiscal general proponer cual ha de ser el mínimo legal para que se considere a un caso de narcotráfico como delito menor. Sin embargo, Sessions está abiertamente en contra de la despenalización del consumo de marihuana que existe en algunos Estados.

El senador republicano por Carolina del Sur Lindsey Graham le preguntó si intentará convencer al nuevo presidente de derogar la orden ejecutiva de Obama por la que se paraliza la deportación de inmigrantes que han entrado de forma irregular en el País, pero acompañados de niños. Sessions dijo que estudiará a fondo el caso en coordinación con el Departamento de Seguridad Nacional pero sí considera la medida tomada por Obama hace cinco años como de dudosa constitucionalidad. Ante esta respuesta se le preguntó qué hará con todos los inmigrantes irregulares que se han atrevido a salir a la luz pública esperanzados por dicha orden de Obama de que se solucione su situación. Sessions respondió que hará lo que el Congreso dictamine. Con respecto a los musulmanes y la promesa electoral de Trump de impedir su entrada en el País, el senador demócrata por Vermont Patrick Leahy le ha recordado a Sessions que votó en contra de una resolución del Congreso que impide que dicha medida se tome. El senador respondió que Trump dejó ya claro que a quiénes se les impedirá la entrada será a los que procedan de Países donde el terrorismo sea muy activo y añadió que no considera que la religión que profese una persona deba ser un aspecto determinante para decidir si entra en el País o no. Leahy también le recordó que igualmente había votado en contra, en 2013, de ampliar la protección a las víctimas de malos tratos de colectivos homosexuales, bisexuales y transexuales así como inmigrantes y víctimas tribales pero Sessions matizó que a lo que se opuso realmente es a que los tribunales tribales tuvieran jurisdicción sobre malos tratos hacia personas que no formen parte de sus tribus aunque vivan en sus territorios. Con respecto al matrimonio entre personas del mismo sexo, aunque se ha posicionado en contra, dice que igualmente respetará la reciente decisión de la Corte Suprema de los Estados Unidos que da su visto bueno a esas uniones conyugales (de los nueve jueces del Tribunal Supremo, cinco votaron a favor y cuatro en contra).

El senador republicano por Utah Orrin Hatch, le preguntó si restablecerá en el Departamento de Justicia la Unidad dedicada a los casos de obscenidad ante lo que, sorprendido, Sessions responde que ignoraba que había sido disuelta. También le preguntó por la técnica de análisis rápido de ADN para un pronto esclarecimiento de casos criminales a lo que se mostró favorable Sessions.

Se le planteó también la cuestión de si las leyes federales deben contemplar que a las víctimas de tráfico sexual el Estado le financie el aborto y no solo por casos de violación, respondiendo el senador que hará lo que la Ley imponga, tanto si se mantiene la actual como si se decide cambiar.

Prefirió no hablar de Hillary Clinton y del caso de los correos electrónicos porque alegó pudiera no ser del todo imparcial. Con respecto a si sería capaz de decir "no" al presidente en alguna decisión que tome y que afecte a su Departamento si va en contra de las leyes actuales, el candidato a fiscal general respondió que sí lo haría, pero que se debe asesorar correctamente al presidente en todo momento. Tiene clara que su obligación es hacer cumplir los mandatos del Congreso según lo que dicta la Constitución de los Estados Unidos. Añadió que durante su mandato procurará que la relación entre las Fuerzas de Policía y la ciudadanía sean más cercanas y que actuará con responsabilidad en los casos de abuso de autoridad por parte de los agentes.

Marcó como prioridades la lucha contra el "terrorismo islámico radical" y el fraude fiscal, así como el derroche de los fondos públicos. Sessions dice estar preocupado por el aumento de la tasa de criminalidad y de consumo de heroína por lo que coordinará de forma eficaz a los Cuerpos de Policía locales con los estatales para acabar con esas lacras. Para ello luchará de modo más activo contra los cárteles de la droga extranjeros que extienden sus redes por el País y contra las bandas criminales de cualquier origen que se mueven por los Estados Unidos.

"Tendríamos dificultades para encontrar un candidato para cualquier puesto al que se apoye al cien por cien"

Tim Scott

En mitad de la sesión aparecieron varias personas con pancartas en contra del nombramiento de Sessions tachándole de racista y que decían traían numerosas firmas para impedir que se le confirmara en el cargo.

Una de las referencias a favor del nombramiento que se han presentado en el Senado ha sido la de Condoleezza Rice que fuera secretaria de Estado y asesora de seguridad nacional.

La senadora demócrata por California Dianne Feinstein dijo que no se le evalúa como senador sino como futuro fiscal general, un cargo clave en la Administración puesto que del mismo depende que se mantengan los derechos civiles, que se persigan los crímenes motivados por el odio racial o de cualquier otro tipo y la corrupción administrativa. Feinstein dijo que no evalúa sus creencias pero que precisamente Sessions no es un ejemplo en apoyo a las minorías étnicas, los inmigrantes o la anulación de la tortura. Ha votado en contra de leyes que defendían a los colectivos minoritarios y la eliminación de la tortura por lo que le preocupa que sea nombrado para el cargo, aunque Sessions asegure que cumplirá la Ley, sea cual sea.

El único senador afroamericano republicano Tim Scott, apoya a Sessions diciendo: "No estamos de acuerdo en todo, pero tendríamos dificultades para encontrar un candidato para cualquier puesto al que se apoye al cien por cien" (...) "He conocido a Jeff durante mis cuatro años en el Senado, y lo he encontrado como una persona consistentemente justa. Yo seguiré trabajando por lo que creo que es en el mejor interés de mi Estado y mi Nación, como la reforma de la justicia penal y frenar la inmigración ilegal ".

El presidente del comité evaluador, el senador por Iowa Chuck Grassley, que ya fue presidente del comité para el nombramiento de la anterior fiscal general del Gabinete Obama, dijo que "los dos decenios de servicio que prestó el senador a mi lado testifican sin cuestionar esto: es un hombre de honor e integridad, dedicado a la fiel y justa aplicación de la Ley, que conoce bien y profundamente el Departamento de Justicia y su papel. Espero tener noticias de él acerca de su visión y planes para el Departamento".

No se recuerda tanta oposición como la que están recibiendo los candidatos de Trump

Con respecto a los otros candidatos para los distintos Departamentos del nuevo Gabinete, sobre todo el de Seguridad Nacional, el líder de la mayoría del Senado, Mitch McConnell, declaró que "Todo el mundo será debidamente investigado como lo han sido en el pasado" (...) "y espero que lleguemos a seis o siete", refiriéndose al elevado número de candidatos propuestos, algo inédito en la Historia de los Estados Unidos.

La Conferencia de Liderazgo sobre Derechos Humanos ha declarado que: "El Senador Sessions tiene un récord de treinta años de insensibilidad racial, parcialidad contra los inmigrantes, desprecio por el estado de derecho y hostilidad a la protección de los derechos civiles que lo hace incapaz de servir como el procurador general de los Estados Unidos ". En 1986, Ronald Reagan nombró a Sessions como juez federal pero el propio Partido Republicano, debido al que consideraban un comportamiento poco ético con sus colegas afroamericanos, no le renovaron en el cargo. Ahora la cuestión que se le plantea al partido es que, si Sessions era un racista para los republicanos de hace treinta años, ¿no debiera serlo también para los actuales? Aun así, todo indica que tanto Sessions como los otros principales candidatos a los diferentes departamentos serán confirmados por la mayoría republicana del Senado, excepto Rex Tillerson, que ha sido propuesto para secretario de Estado. Tillerson tuvo algún que otro enfrentamiento con destacados senadores republicanos siendo director ejecutivo de la multinacional del petróleo Exxon por lo que no es seguro que sea elegido.

Con respecto al cargo de secretario del Departamento de Seguridad Nacional, John Kelly, quién fue general jefe del Comando Sur de las Fuerzas Armadas, ya ha declarado que el Plan Colombia es un ejemplo a seguir en otros Países: "Miren a Colombia; ellos hicieron cambios fundamentales sobre cómo hacer negocios, cómo permitir operaciones militares y hoy son exportadores de seguridad. Ellos ahora asesoran a otros países en Centroamérica. Desde mi punto de visto ellos son nuestros mejores amigos en Latinoamérica ".

En 2001 los dos Países, Estados Unidos y Colombia, firmaron un acuerdo por el que el gigante norteamericano financiaba un sistema de lucha contra la guerrilla y el narcotráfico puesto en marcha en Colombia. Estados Unidos envió a numerosos asesores para aconsejar a las autoridades colombianas y entrenar a sus Fuerzas Armadas y de Seguridad. El Plan contemplaba sustituir plantaciones ilegales por otro tipo de cultivos, pero si bien desde el plano militar ha sido un éxito (se enviaron decenas de helicópteros Black Hawk para permitir una mayor movilidad y control de los militares sobre las zonas que debían vigilarse y limpiarse de guerrilleros y narcoterroristas), no lo es tanto desde el punto de vista socioeconómico con la Región del Putumayo tan deteriorada como lo estaba al comienzo del acuerdo; nada ha cambiado para la población en todo este tiempo. Ahora existe otro negocio ilegal aún más rentable que el de la droga: la minería de oro de grupos que la llevan a cabo a espaldas del Estado. Y los sembrados de coca no han desaparecido ni mucho menos, entre otros motivos porque a pesar del mayor control militar desde el aire, gracias a los helicópteros norteamericanos, sobre el terreno la presencia gubernamental es muy exigua, en algunas zonas inexistente. Por lo tanto, las bandas que se dedican a estos negocios ilícitos seguirán haciéndolo impunemente. Por otro lado, las propias FARC no tienen garantías plenas de que se cumplan los compromisos del Gobierno para favorecer la paz puesto que el País vive una crisis económica notable, con una importante bajada del precio del petróleo, uno de sus activos más importantes. Por lo tanto queda por ver si dejarán las armas realmente y sus "negocios". Así que elegir el Plan Colombia como referente de su acción exterior, el candidato a la secretaría de Estado en EEUU, no ha sido muy buena idea. Cuando se le ha preguntado por el modo en que reforzará la defensa de la frontera sur del País, el general (retirado) John Kelly responde que cerrará las puertas al contrabando y con respecto a la entrada de inmigrantes centroamericanos se debe llevar a cabo una política diferente a la actual. Cuando se le pidió que se explicara dijo que se debe invertir en Países como Honduras o El Salvador, de donde proceden el mayor número de inmigrantes, tanto en desarrollo de su economía como en seguridad pública para que se queden en sus Países al tener más oportunidades y mayor protección estatal.