El referéndum ilegal por la independencia de Cataluña

01.10.2017

El Gobierno catalán ofrece un bochornoso espectáculo y sospechas de "pucherazo" mientras la imagen de España se deteriora en el exterior

Ninguna junta electoral ha certificado las urnas
Ninguna junta electoral ha certificado las urnas

ENRIQUE COLOMA, desde Barcelona, para RSW

El Gobierno de Cataluña ha contado 844 heridos en las cargas policiales contra los votantes en el referéndum ilegal por la independencia de la Comunidad Autónoma con respecto al Estado español. 

Los portavoces de la Generalitat catalana han acusado al Estado español de utilizar una violencia desmedida contra manifestantes pacíficos que solo querían ejercer su derecho al voto, recordando que la Consejería de Interior del Gobierno catalán prohibió el uso de pelotas de goma a los Cuerpos de Policía catalanes, hace tres años, a raíz del recurso interpuesto por Ester Quintana que perdió un ojo a consecuencia de uno de estos proyectiles lanzados por la Policía catalana en una manifestación, en 2012. Es una medida que no afecta a los Cuerpos de Seguridad del Estado que sí utilizan ese tipo de munición antidisturbios. 

Lo cierto es que los Mossos d´Esquadra (Policía de Cataluña, para nuestros lectores de fuera de España) no solo no han actuado, sino que en ocasiones se han llegado a enfrentar a las Fuerzas de Seguridad del Estado en discusiones entre quienes debieran comportarse como compañeros de profesión dejando la política para los políticos. 

El Gobierno catalán recomienda a los heridos que soliciten certificados médicos en los Centros de Salud u Hospitales donde sean atendidos (un hombre de 70 años de edad ha sufrido un infarto tras ser golpeado por un agente de la Policía Nacional y otro ha sido herido de forma grave en un ojo al impactarle una pelota de goma, lo que ha obligado a una intervención quirúrgica) para posteriormente pedir indemnizaciones por daños y perjuicios al Estado español. Una de las heridas leves ha sido la consejera de Enseñanza, Clara Pontsatí.

Mientras el Gobierno español, mediante los ministros de Interior, Sanidad y la vicepresidenta, declara a los medios de comunicación que en todo momento los Cuerpos de Seguridad estatales han actuado con gran profesionalidad y proporcionalidad, las autoridades catalanas consideran que ha existido una clara desproporcionalidad.

La Guardia Civil acudió al colegio en el que el presidente de la Generalitat anunció que votaría, pero finalmente lo hizo en otro colegio, burlando a los agentes. Los Mossos llegarían a solicitar por escrito apoyo de los Cuerpos de Seguridad del Estado para determinados colegios. Es una petición incomprensible viniendo de quiénes han mostrado desde un principio un claro desinterés por colaborar. De hecho, en varios colegios los agentes del Estado se han visto obligados a realizar cargas contra las personas que les impedían llevarse las urnas, principal objetivo de los Cuerpos de Seguridad cumpliendo una orden del Tribunal Constitucional; 33 agentes han resultado heridos.

Aunque la tensión se ha respirado en todos los colegios, la verdad es que la normalidad ha sido imperante en casi toda la Comunidad Autónoma. Eso sí, el número de centros donde se ha llevado a cabo el voto ha sido mucho menor del previsto. Según datos de la Consejería de Interior de la Generalitat han votado 2.262.424 personas pero dicha cantidad no supone siquiera el 43% del censo catalán. De los votantes, el Gobierno catalán asegura que el 89,3% ha votado sí a la independencia y tan solo un 7,8% no con un 2,9% de votos en blanco o nulos. Pero es evidente que los resultados han sido manipulados, por lo que no son representativos.

En Barcelona, podían verse banderas catalanas e independentistas en muchos balcones
En Barcelona, podían verse banderas catalanas e independentistas en muchos balcones

Hasta tal punto ha llegado el sinsentido del proceso soberanista catalán, que el Gobierno del Principado (como también se conoce a Cataluña), permitió por la mañana que quién deseara votar pudiera hacerlo en cualquier colegio, sin consultar censo alguno, ni vocales u observadores de la oposición política y por lo tanto sin garantías legales. 

Este servidor que os informa pudo comprobar como algunos amigos votaban en dos colegios distintos, sin que se comprobara si ya lo habían hecho antes. O ese otro caso de un hombre que llevaba a su hijo de corta edad sobre sus hombros encarándose con guardias civiles, poniendo en riesgo la integridad física del niño, lo que no debiera pasar desapercibido para los servicios sociales. Sería precisamente un guardia civil el que le convencería para irse y así evitar que su hijo resultara herido; un niño que no entiende de este tipo de disputas.

Incluso, se dio el bochornoso caso de una mujer que al resbalar desperdigó las papeletas que contenía una bolsa de basura donde ocultaba una urna para que los Cuerpos de Seguridad no la incautara. Este hecho dio lugar a sospechas de que las urnas ya contenían papeletas en su interior cuando fueron instaladas a primera hora de la mañana. Desde luego es perfectamente posible puesto que ninguna junta electoral ha comprobado si estaban debidamente precintadas ni lo harán cuando concluya esta pantomima. 

Tomemos los datos ofrecidos por la Generalitat: de los seis millones de catalanes con derecho al voto, poco más de dos millones quieren independizarse. La pregunta es: ¿qué piensa hacer el Gobierno catalán con los otros cuatro millones? 

En la anterior consulta soberanista (noviembre de 2014), sin los contratiempos de 2017, hubo una participación de 2,3 millones de personas, una cifra similar a la actual, pero también entonces se permitió el voto a los adolescentes de 16-17 años de edad y a los residentes extranjeros; aún así, no llegaría a 1,9 millones de votos a favor de la independencia. Si realmente dicen tener con el apoyo de la sociedad catalana en su conjunto, ¿por qué cuando hay elecciones no consiguen mayoría absoluta? 

Los que iniciaron el proceso soberanista, la coalición "Junts pel Sí" (Juntos por el Sí) perdieron nueve escaños en el Parlamento catalán. Otra coalición independentista, "Catalunya Sí Que Es Pot" (Cataluña sí que puede) perdieron también dos escaños con respecto a las anteriores elecciones. Once escaños entre las dos formaciones de los que solo recuperó siete la tercera plataforma independentista catalana, la CUP, siglas de Candidatura de Unidad Popular. En total, entre las tres coaliciones, obtuvieron 83 diputados lo que les otorga mayoría absoluta, siempre y cuando marchen unidos, pero es algo impensable pues sus ideologías respectivas son dispares. 

A los partidos independentistas tan solo les une el deseo de emancipación del Estado español pero cada coalición tiene una perspectiva diferente de la misma. 

Ciertamente, los dos grandes partidos españoles perdieron doce escaños en el Parlamento pero los ganó otra formación proespañolista, "Ciudadanos", de origen catalán; comenzaron llamándose "Ciutadans de Catalunya" e incluso les arrebataron cuatro escaños a los grupos secesionistas. No en vano, muchos catalanes se avergüenzan del uso de servicios que debieran estar para emergencias y no a capricho de los gobernantes, lo que se ha podido ver de nuevo, cuando el vicepresidente del Govern de Catalunya ha llegado a utilizar a bomberos para que le escoltaran hacia el colegio donde ha votado. 

Una jornada marcada por la tensión

La ciudad donde más se ha notado los efectos de la respuesta policial al desafío secesionista ha sido Barcelona, tomada literalmente por las Fuerzas de Seguridad, con numerosos enfrentamientos entre policías y extremistas independentistas, que cortaban calles impidiendo el tráfico de vehículos. 

Los radicales no han dudado en usar la violencia lanzando piedras y todo tipo de artefactos, incluso vallas, contra policías nacionales que primeramente avisaban disparando al aire salvas, a modo de advertencia, viéndose obligados después a responder de forma contundente, con munición de goma, cuando se han visto rodeados; nueve agentes resultaron heridos y también varios manifestantes, algunos de gravedad.

La Guardia Civil no lo ha tenido más fácil que la Policía Nacional, pues también ha sido recibida a pedradas en algunas localidades, obligando a la Benemérita a cargar también contra algunos grupos de exaltados.

La imagen de guardias civiles rompiendo puertas o policías nacionales saltando muros para acceder a colegios donde se habían parapetado los votantes no es precisamente lo que se espera de agentes de policía en democracia. Máxime teniendo en cuenta que lo que buscan son urnas, no armas ni drogas. Pero se trata de la orden de un alto tribunal que deben acatar los agentes del Estado; ya se analizará después, en el Parlamento, si el Gobierno central actúa de forma despótica o no, aunque nadie puede negar que están haciendo cumplir la Ley. 

Los que no solo no cumplen las leyes sino que obran de modo autoritario, queriendo imponer un Régimen dictatorial obligando a millones de ciudadanos catalanes que asuman una independencia que no desean, es la Generalitat, verdadera causante de la situación que vive actualmente la Comunidad Autónoma, o al menos es lo que afirma el Gobierno central. En cambio, no dudan en pedir dinero a la Administración central española, como cuando el consejero de Justicia de Cataluña, Carles Mundó, le pidió 668 millones de euros al Gobierno español para mantener a los Mossos d´Esquadra, en julio de este mismo año. 

Agentes que cobran del orden de 2.300 € al mes cuando los miembros de los Cuerpos de Seguridad del Estado reciben salarios de apenas 1.600 € mensuales, una situación de lo más injusta que sin embargo el Estado del que quieren independizarse está permitiendo. Habría que ver si con una Cataluña independiente, sin la ayuda económica de España, y por lo tanto con un presupuesto exiguo, los mossos cobrarían tanto como ahora. Los agentes catalanes deberán reflexionar sobre si ha valido la pena actuar como lo están haciendo, con tal pasividad, cuando respondan ante la Justicia puesto que varios juzgados ya están abriendo diligencias por un posible delito de desobediencia al Tribunal Superior de Justicia de Cataluña. 

El alto tribunal ordenó que los Cuerpos de Seguridad impidieran el uso de instalaciones o edificios públicos en el referéndum ilegal. Los mossos se han limitado a informar a los votantes de las posibles consecuencias legales, pero no han actuado e incluso han llegado a posicionarse del lado de los manifestantes en algunas localidades. Aseguran que han cerrado decenas de colegios, claro que de un total de 2.315 puntos habilitados por la Generalitat, la cantidad resulta irrisoria. Se defienden diciendo que con tan solo un par de efectivos en cada colegio no podían proceder a su cierre con tantas personas como había en cada uno de ellos. Por su parte, las Fuerzas de Seguridad del Estado cerraban también numerosos colegios. 

Se ha podido ver llorar de impotencia a no pocos mossos al no poder unirse a los manifestantes o verse obligados a formar cordones de seguridad con el objetivo de impedir que votaran mientras eran retiradas las urnas por la Guardia Civil o la Policía Nacional. Algún individuo se acercaba a los que daban más la nota, llorando a moco tendido, abrazándole mientras la turba gritaba, en catalán: "No estáis solos".

En algunos colegios los votantes y manifestantes recibían a los agentes de Policía cantando Els Segadors, el himno catalán y gritando "votarem" (votaremos) así como "Fuera las fuerzas de ocupación", también en catalán. Incluso se improvisaron barricadas con todo lo que tenían a mano para impedir que entraran los agentes pero en la mayoría de los lugares donde se ha votado, la gente lo ha hecho sin contratiempos, eso sí, con urnas adquiridas en almacenes chinos. Los votantes acudían con papeletas impresas en sus casas, al no contar los colegios con ninguna por ser retiradas por las Fuerzas de Seguridad. 

Los "responsables" de las urnas eran voluntarios al no haber representantes de las distintas fuerzas políticas como es obligado en cualquier votación legal. Ni siquiera contaban con medios informáticos para llevar un registro de los votantes, impidiendo así que voten las mismas personas en varias mesas distintas, como así ha sucedido, de lo que se ha dejado constancia incluso en las redes sociales. Nosotros mismos pudimos comprobarlo: te pedían el DNI, anotaban el nombre y número en un bloc con bolígrafo y ya está, a depositar el voto; no se comprobaba nada en ningún censo. Te ibas a otro colegio, hacías lo mismo y sin problemas.

La alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, llama cobarde al presidente del Gobierno español mientras que Pablo Iglesias, que lidera el bloque de extrema izquierda en el Parlamento, considera que la actuación del Gobierno es repugnante.

La cobertura mediática ha sido muy extensa si bien las cadenas de televisión españolas no han cambiado su programación, salvo LA SEXTA que emite un programa especial durante todo el día sobre el referéndum ilegal y alguna cadena regional que ofrecía informativos excepcionales. La prensa extranjera ha sido numerosa y procedente de medio Mundo, pero principalmente de Europa.

Los Cuerpos Locales de Policía que han actuado en algunos municipios cumpliendo la orden del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña eran insultados llamándoles los manifestantes "traidores", como sucedió en L'Hospitalet de Llobregat donde requisaron las urnas, insultando algunos individuos ala alcaldesa.

En algunas zonas rurales se han llegado a utilizar tractores tapando las puertas de acceso a los colegios para ponérselo más difícil a la Guardia Civil en el caso de que hicieran acto de presencia. 

El daño está hecho y sin haber conseguido nada, salvo gastar dinero de las arcas públicas que debieran destinarse a la construcción de empleo y no estos inútiles menesteres, la que sí ha quedado dañada es la imagen de España en el Mundo. Todas las cadenas de televisión, prensa escrita y digital se hacen eco del referéndum ilegal mostrando a las Fuerzas de Seguridad españolas dando palos a diestro y siniestro y eso es precisamente lo que querían los independentistas. Después, se han ido a cantar con las manos entrelazadas en las plazas de las ciudades para que el Mundo crea que son un movimiento pacífico y democrático en un Estado autoritario, cuando realmente es al contrario. 

El presidente español Mariano Rajoy ha caído en la elaborada trampa de los secesionistas y ahora no sabe cómo salir de ella. 


PUBLICACIONES RECIENTES