El desafío de los separatistas catalanes

02.09.2017

Critican la instrumentalización de los atentados por parte de los independentistas

HUGO MÜLLER, desde Berlín


Ni siquiera el peor atentado terrorista que ha sufrido Cataluña en su Historia sirve para unir posturas ante un enemigo común como es el yihadismo. En estos días asistimos a un lamentable cruce de acusaciones entre el Gobierno español y el de la Comunidad Autónoma de Cataluña. El primero insta al presidente catalán a que aclare si verdaderamente recibieron un aviso de la CIA norteamericana advirtiendo de la posibilidad de un ataque terrorista en Barcelona. El portavoz del Gobierno catalán ha declarado a los medios que ya han dado suficientes explicaciones al respecto, pero la vicepresidenta del Gobierno central considera que no es así mientras otros altos cargos del Partido Popular (en el poder en Madrid), piden que no se utilicen los atentados como arma política en el pulso que la Generalitat de Cataluña mantiene con el Gobierno central.

Por su parte, la formación política "Ciudadanos", socios de Gobierno con el Partido Popular pero originarios de Cataluña, consideran que el presidente catalán no está a la altura de las circunstancias por las que pasa actualmente la Comunidad Autónoma. Mientras, el presidente del Gobierno español aboga por la unidad frente al terrorismo. Pero Mariano Rajoy deja claro que actuará con firmeza y desde la Ley para frenar el desafío secesionista catalán. De la Generalitat catalana ha dicho que "parece estar secuestrada por radicales decididos a vivir en la intolerancia".

Rajoy dice que el referéndum que los partidos independentistas catalanes pretenden poner en marcha para conocer la opinión del pueblo catalán acerca de su emancipación de España es ilegal. Para que fuera legítimo tendría que ser un referéndum a escala nacional y que todos los españoles voten si quieren o no que Cataluña se independice del Estado. Además, los separatistas quieren hacerlo todo cuanto antes, sin debate parlamentario previo, ni siquiera en Cataluña, con lo que no le dan la opción a la oposición política a presentar sus enmiendas en el Parlament catalán. Eso para Rajoy solo tiene un nombre: autocracia.

El presidente español cree que se debiera dejar de lado el proceso separatista para volcarse ahora en las víctimas de los atentados en Barcelona y Cambrils, enumerando los factores que el presidente español cree han hecho que la lucha contraterrorista española haya sido un éxito, a pesar del último ataque:

  • Unidad de los demócratas
  • Colaboración entre las Fuerzas de Seguridad
  • Adaptación de las leyes a las nuevas formas de terrorismo
  • Coordinación en la lucha contra el extremismo y los nuevos métodos de captación y apología
  • Cortar las vías de financiación del terrorismo luchando también contra la delincuencia organizada que colabora con los grupos terroristas
  • Apoyo a las víctimas.

Rajoy está haciendo sus deberes y ya ha conseguido que se reúnan próximamente en España los ministros del Interior de las seis principales potencias demográficas europeas (Alemania, Francia, Gran Bretaña, Italia, España y Polonia; este grupo de Naciones cuentan con casi la mitad de los votos posibles en el Parlamento europeo, por ser las más pobladas), incluyendo un encuentro de los máximos responsables de los Servicios de Inteligencia y de la lucha contraterrorista.

Para dentro de un año (septiembre de 2018), entrarán en vigor las nuevas disposiciones legales europeas que combatirán el terrorismo, de forma más efectiva, incluyendo un mayor control de las armas de fuego que circulan por el territorio de la Unión. Por su parte, España impulsará el "Estatuto Internacional de la Víctima", una propuesta del Gobierno español para la ONU, que sirva de guía para proteger los derechos de las víctimas en todo el Mundo como sucede con la Carta Internacional de los Derechos Humanos. A nivel europeo, España propondrá la Carta Europea de Derechos de las Víctimas, de obligado cumplimiento por todos los Países miembros, garantizando asistencia, protección integral e indemnizaciones justas por los daños sufridos. Así que con un prestigio renovado y en aumento por parte de España en el Mundo, los separatistas catalanes lo tienen complicado para conseguir sus propósitos. De hecho, en todo el Mundo, cuando se ha recordado u homenajeado con respeto a las víctimas de los atentados en Barcelona y Cambrils, se izaba la bandera de España, no la catalana.

El expresidente José Luís Rodríguez Zapatero, a pesar de ser de un partido opositor al actual en el poder, ha pedido apoyo al Gobierno central en la lucha contra el yihadismo y contra el desafío separatista que promueven determinados sectores catalanes.

Lo cierto es que ni siquiera los propios independentistas se ponen de acuerdo sobre cómo proceder en el caso de que saliera el "sí a la independencia" en el referéndum ilegal que se proponen convocar, el próximo uno de octubre. Ignoran qué hacer con las Fuerzas de Seguridad y Defensa militar si el referéndum sale positivo; se preguntan eso de "¿quién le pone el cascabel al gato?". ¿Acaso enviarán a los Mossos d'Esquadra, la Policía catalana, a echarles de sus cuarteles? Evidentemente, ni los guardias civiles, ni los policías nacionales ni los militares se marcharán, salvo por orden de Madrid y eso no va a suceder. ¿Creará la Generalitat su propio ejército catalán? ¿Estarán dispuestos los catalanes a que de sus impuestos salga una partida cuantiosa para formar dicho ejército? A pesar de los problemas de infraestructuras y crisis económica por los que pasa la Comunidad Autónoma. Es más, en los últimos quince años en los que la propaganda separatista catalana ha sido más intensa, los distintos Gobiernos catalanes han gastado miles de millones de euros solo en propaganda.

Los independentistas son acusados por los partidos proespañoles de actuar como grupos extremistas autoritarios pues desean imponer una nueva forma de Gobierno de modo dictatorial, sin contar con ninguna corriente de opinión distinta a la suya. De ahí que quieran sacar adelante cuanto antes las Leyes de Transitoriedad (también llamada Ley de desconexión) y Referéndum para que al Tribunal Constitucional español no le dé tiempo a prohibirlas, pues antes debe presentarse un recurso institucional por parte del Gobierno central. Por otro lado, hay que elaborar un censo electoral que tampoco han tenido en cuenta los separatistas. En realidad, ya existen distritos electorales en Cataluña, pero dependientes de la Junta Electoral Central, que tiene su sede en Madrid. Son Juntas que se disuelven tras las elecciones y que vuelven a constituirse cuando se lleva a cabo un proceso electoral y que conlleva mucho tiempo prepararlas para que estén listas en los comicios, pues tienen que corregirse datos como el padrón municipal, si algún elector ha cambiado de domicilio o si hay nuevos electores por haber alcanzado la mayoría de edad, etc. 

Los independentistas catalanes se limitarán a colocar las urnas, sin censo electoral, urnas que por cierto tienen un coste que sale de las arcas públicas catalanas, un dinero que bien hubiera podido ir, por ejemplo, a colocar bolardos en las zonas más transitadas como medida de prevención contraterrorista y no que en muchos municipios no se han instalado, precisamente por falta de presupuesto. ¿Cómo se sabrá si la opción independentista sale victoriosa sin censo previo? Los separatistas consideran que basta con hacer un recuento de los votos y si hay más a favor, se procede a la independencia. No se tendrá en cuenta a quiénes no vayan a votar sabiendo que el referéndum es ilegal.

Pero ahora imaginemos que Cataluña se separa de España. El caos sería monumental para los catalanes según distintos estudios realizados, con una caída del comercio de casi la mitad del volumen actual lo que conllevará que su Producto Interior Bruto descienda en un 15-20%. El cierre de comercios hará, irremediablemente, que el paro laboral suba en por lo menos un 16-17%, con lo que la nueva Seguridad Social catalana nacería endeudada, con un déficit nada más arrancar de un 8-9% ya que habría que pagar numerosas subvenciones por desempleo. El funcionariado catalán tendrá que recibir sus salarios, pero ¿en qué moneda? Porque los empleados del sector privado, como sucede en otros Países donde admiten monedas de mayor valor que la nacional, probablemente aceptarán pagos en euros, pero los funcionarios no podrán recibir su salario en euros porque la moneda europea, para el territorio español, se fabrica en Madrid. Así que habría que emitir, a prisa y corriendo, una nueva divisa nacional que comenzaría su andadura, lógicamente, muy devaluada por lo que el nivel adquisitivo de los catalanes bajará considerablemente ya que los productos comerciales que se importen no solo tendrán que pagar aranceles, sino que procederán de la eurozona, con una moneda muy fuerte, lo que hará que la inflación suba.

Pero, ¿tienen razón los separatistas catalanes al denunciar que el Gobierno central español discrimina a Cataluña? Teniendo en cuenta que los ingresos de los catalanes son un 10,5% inferiores a los de los madrileños ya que el PIB de Cataluña, desde que gobiernan los independentistas ha disminuido un 3,5%, y por lo tanto la Comunidad de Madrid paga más impuestos que Cataluña (porcentualmente, puesto que Madrid es una Comunidad uniprovincial), cabe preguntarse si el problema en Cataluña no son precisamente los separatistas. Aun así, desde Madrid y gracias al Fondo de Liquidez Autonómica, se ha aliviado la deuda que la Generalitat catalana ha generado.

Cada año más empresas se marchan de Cataluña huyendo de la imposición fiscal a la que son sometidas puesto que la Generalitat ha creado sus propios impuestos para solventar su enorme deuda. Si se van las empresas, el desempleo se recrudece, pero, además, en tan solo cuatro años que gobiernan los separatistas, el Principado (como también se conoce a la Comunidad Autónoma Catalana) ha bajado más de cincuenta puestos en el ranking de regiones más prósperas de Europa; son 262, estando Cataluña en el puesto 153. Los independentistas catalanes alegan que esto se debe no por una mala gestión de la Generalitat, sino porque desde Madrid les boicotean.

Ahora, un recordatorio del artículo 155 de la Constitución española, que en su día fue aprobada por los políticos que recuperaron la democracia para España, incluidos algunos históricos catalanistas:

Artículo 155

  1. Si una Comunidad Autónoma no cumpliere las obligaciones que la Constitución u otras leyes le impongan, o actuare de forma que atente gravemente al interés general de España, el Gobierno, previo requerimiento al Presidente de la Comunidad Autónoma y, en el caso de no ser atendido, con la aprobación por mayoría absoluta del Senado, podrá adoptar las medidas necesarias para obligar a aquélla al cumplimiento forzoso de dichas obligaciones o para la protección del mencionado interés general.
  2. Para la ejecución de las medidas previstas en el apartado anterior, el Gobierno podrá dar instrucciones a todas las autoridades de las Comunidades Autónomas.